La reciente designación de Sergio Abreu como nuevo Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) (2020-2022), es un factor que puede contribuir a una estrategia argentina para el pleno aprovechamiento del potencial de esta institución regional, especialmente en el mundo pospandemia. Tiene en su país, Uruguay, una densa trayectoria académica y política. En su amplia actividad política y profesional, ha sido Canciller (1993-95), Ministro de Industria, Minería y Energía (2000-2002), Senador de la República, y Presidente del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales (CURI).

Buen conocedor de los países de la región y de sus procesos de integración económica tiene, además, larga experiencia en la difícil y necesaria tarea de intentar la construcción de consensos que sean efectivos, eficaces y que tengan legitimidad social. No hay que dudar de que al menos lo intentara.

En distintas oportunidades nos hemos referido a la conveniencia para nuestro país y para el Mercosur, de sacar provecho en sus estrategias de transformación productiva, desarrollo e inserción internacional, del potencial que brinda el Tratado de Montevideo de 1980 que creó la Aladi. Sus reglas, si son bien interpretadas, permiten la conciliación entre los efectos de previsibilidad y, a la vez, de flexibilidad, producidos por los compromisos comerciales preferenciales y en especial los arancelarios y para-arancelarios, que en su marco se pacten entre un grupo de países miembros, esto es, no necesariamente todos.

Dos aportes resultan del Tratado que sustituyó las fórmulas más rígidas que tuvieron que ser incluidas en el de Montevideo de 1960, que había creado la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc). El primero fue dejar de lado el fracasado intento de crear una zona de libre comercio, que debía ser perfeccionada en un plazo de doce años. Era ese un objetivo que no habían imaginado originalmente los gobiernos de los países que negociaron y firmaron el tratado. Lo tuvieron que hacer para que se adaptara a la interpretación predominante de las reglas del GATT. El segundo aporte fue el de insertar el nuevo Tratado en el marco de la "Cláusula de Habilitación", que había sido negociada en ocasión de la Rueda Tokio en 1979. Ella implica una fórmula mucho más flexible para las preferencias, sobre todo arancelarias, que se otorguen entre sí países en desarrollo.

Uno de los efectos relevantes de esos dos aportes combinados, se refleja en las oportunidades que brinda actualmente la Aladi, con sus normas referidas a los acuerdos de alcance parcial previstos en el Tratado de Montevideo de 1980 y en la Resolución N° 2 del Consejo de Ministros. Son instrumentos muy prácticos y funcionales para el desarrollo de estrategias conjuntas entre dos o más países miembros -pero no necesariamente todos-, orientada a promover múltiples modalidades de vínculos comerciales preferenciales y encadenamientos productivos transnacionales, y sobre todo los que aspiren a tener un alcance regional y una proyección global. La lectura de las mencionadas normas permite tener una noción de la amplitud de opciones que brinda el instrumental jurídico de la Aladi. Fue quizás el principal aporte a las metodologías de la integración económica que resultó de la reunión negociadora del Tratado que tuvo lugar en Acapulco en junio de 1980.

Las normas de la ALADI permiten además desarrollar entre sus países miembros estrategias de "convergencia en la diversidad". En el año 2014 ese fue el enfoque estratégico que se impulsó por iniciativa de la Presidente Michelle Bachelet y de su Canciller Heraldo Muñoz, especialmente tras una reunión de los países miembros realizada en Santiago de Chile.

Pero además, permiten desarrollar políticas de convergencia entre distintos procesos regionales de integración, tal el caso de la articulación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Como hemos señalado en otras oportunidades, cabe mencionar la conveniencia del desarrollo de iniciativas conjuntas de este grupo de países, referidas a cuestiones relevantes de sus respectivas agendas de relaciones comerciales internacionales.

Una cuestión relevante para una acción conjunta de este grupo de países, es la de las reformas que conviene introducir en la OMC. ¿Cuáles son o deberían ser las reformas de la OMC que más pueden interesar a los países del Mercosur y a los de la Alianza del Pacífico? ¿Qué propuestas concretas podrían ser presentadas por este grupo de países? Y ¿cuál podría ser el posicionamiento de los países del grupo ante las propuestas que interesen introducir otros países o grupos de países, tal los casos de los EEUU, de la UE, de China o del Grupo de los 7, entre otros?

Otra cuestión es la del desarrollo de acuerdos de comercio preferencial en los que participen países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, y que tengan un alcance birregional. La conclusión del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE, de concretarse su firma y entrada en vigencia, podría abrir el camino a la conexión con los acuerdos que la UE ha concluido con países de la Alianza del Pacífico, tal como en su momento lo propusieran Ricardo Lagos y Osvaldo Rosales.

Surgiría entonces una red de acuerdos birregionales muy funcional a la promoción de inversiones conjuntas que involucren empresas de ambas regiones. Lo mismo podría resultar de una red de acuerdos birregionales entre países del grupo de los 8 (Mercosur y Alianza del Pacífico) y otros grandes mercados (tales como China, India, Japón y los EEUU).