Es hora de tener metas y de pensar grande en el futuro. Fue ésta
una definición del Canciller Celso Amorim sobre el Mercosur tras
la reciente Cumbre de San Juan. En una entrevista para el diario Valor
Econômico, ilustró su visión mencionando cuestiones
relevantes que requieren ser abordadas con prioridad. Ellas son: un cronograma
para la eliminación de las excepciones al arancel externo común;
un acuerdo de servicios más amplio que otorgue tratamiento nacional
a las empresas originarias del bloque, y un acuerdo de compras gubernamentales
que permita dar una preferencia real a bienes y servicios originarios
del Mercosur.
Esta última prioridad sería la más factible de concretar
en este semestre en el cual Brasil ejerce la presidencia pro-tempore del
bloque. Podría ser uno de los resultados de la Cumbre de diciembre
en Foz de Iguazú. En realidad un Protocolo sobre Contrataciones
Públicas fue aprobado en Córdoba en el 2006 (Decisión
CMC 23/06). La Argentina ya depositó el instrumento de ratificación.
No lo han hecho aún los otros socios. Se requiere que lo ratifiquen
dos para que en ellos entre en vigencia.
Dos novedades se han producido recientemente al respecto del tratamiento
de las compras gubernamentales en el Mercosur. Una ha sido la aprobación
en San Juan de la Decisión CMC 23/10. Establece que una propuesta
de revisión del protocolo ya aprobado deberá ser presentada
a la reunión del Consejo de diciembre próximo. La revisión,
a cargo del Grupo de Contrataciones Públicas, deberá centrarse
en aquellos aspectos del texto ya aprobado que requieran ser modificados
a fin de adaptarlo a las actuales condiciones existentes en cada uno de
los países miembros y de asegurar su pronta aplicación.
La otra novedad ha sido la aprobación por el gobierno del Brasil,
el 19 de julio pasado, de la Medida Provisoria nº 495, por la que
se introducen algunas modificaciones a su régimen de compras gubernamentales.
Dos son relevantes: una es la que establece la posibilidad de un margen
de preferencia de hasta el 25% del precio para productos manufacturados
y servicios nacionales que atiendan las normas técnicas brasileras;
la otra es la que extiende la preferencia a los bienes y servicios originarios
de los países del Mercosur -una vez que entre en vigencia el Protocolo
de Córdoba en su versión revisada- y que también
podrá extenderse a aquellos países con los cuales el Brasil
haya celebrado un acuerdo sobre compras gubernamentales. La importancia
del régimen la ilustra, entre otros datos, el valor de las compras
del gobierno federal que alcanzó en el año 2009 los 52 mil
millones de reales. A ese monto debe sumarse el de las compras de los
entes de la Federación que se ajustan a las mismas pautas que las
del gobierno federal. Son datos aportados por la Exposición de
Motivos de esa Medida Provisoria.
Otro factor que incide en la relevancia de esta cuestión, es el
hecho que se está negociando un acuerdo bi-regional del Mercosur
con la Unión Europea. La plena vigencia de un régimen de
compras gubernamentales del Mercosur, no será un dato menor a tener
presente por los negociadores y las empresas europeas. Debe tenerse en
cuenta también que empresas de muchos otros países, incluyendo
por cierto a los Estados Unidos y a China, registrarán con interés
la evolución que pueda o no tener el Mercosur en los próximos
meses en relación a su régimen de compras gubernamentales.
Asimismo, cabe preguntarse si eventualmente un acuerdo preferencial bilateral
podría ser celebrado por un socio del Mercosur con terceros países
o bloques, si es que el régimen común no entrara en vigencia.
Al menos desde el punto de vista jurídico no parecería haber
obstáculos al respecto.
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