La cuestión de los límites en los comportamientos individuales entre socios de un acuerdo de integración se plantea recurrentemente. ¿Hasta donde un país debe considerarse atado en su soberanía por compromisos de acción conjunta asumidos con otros países? ¿Cuáles son los límites en la obligación formal que un país tiene de cumplir acuerdos internacionales libremente pactados?

La cuestión fue un eje principal en el importante discurso del Presidente Lula ante empresarios argentinos y brasileños en ocasión de su reciente visita a Buenos Aires. Visita, por lo demás, cargada de mensajes verbales y simbólicos. Entre los primeros, está su reiterada afirmación sobre las enormes oportunidades que el mundo actual ofrece a los dos países -y en general a los sudamericanos- especialmente en materia de alimentos y a la disposición de su país de aprovecharlas plenamente. Entre los segundos están, además de la presencia de empresarios brasileños con crecientes intereses en la Argentina, el hecho que al día siguiente el carismático líder brasileño partiera hacia China, una indudable fuente de tales oportunidades.

Lula planteó la mencionada cuestión en los siguientes términos: "tenemos que construir los consensos en el límite de lo posible para andar juntos en el mundo… defendiendo la misma bandera…pero sin renunciar a la soberanía de cada país…ésta es intocable". Probablemente el Presidente tenía en mente lo que había ocurrido días antes en Ginebra. Allí, previo al colapso de la reunión ministerial que se suponía debía permitir cerrar con éxito la Rueda Doha, el Brasil había adoptado formalmente una posición diferente a la de la Argentina. De hecho, lo que para uno era un acuerdo aceptable para el otro país era inaceptable. Y la disidencia adquiría importancia práctica, ya que los compromisos que se hubieren asumido en productos industriales involucraban al arancel externo del Mercosur. Suponían por lo tanto, una posición conjunta que incluyera también a los otros dos socios.

La idea de que hay límites en los comportamientos asumidos entre los socios de un acuerdo de integración, es algo natural. Los intereses nacionales respectivos no siempre son compatibles. Ni tienen porqué serlo. La cuestión es saber, cuando existen diferencias pronunciadas, cómo se definen los límites en el ejercicio de las respectivas soberanías nacionales. ¿Por las reglas pactadas? Y en tal caso ¿quién las interpreta? ¿Cada socio o con la ayuda de una instancia independiente? O ¿por las relaciones de poder real? Y en ese caso ¿cómo se protegen los intereses de los socios de menor poder relativo? Se sabe que si las diferencias son existenciales -esto es, referidas a la razón de ser o al alcance de una alianza estratégica-, sería difícil obtener una solución sólo en el marco de reglas pre-existentes. Debería lograrse en el plano de lo político o, eventualmente, redefiniendo la asociación o sus reglas de juego.

No es la planteada una cuestión banal. Hace a la esencia misma de los compromisos que los países asumen en materia de integración económica. Si los límites quedan en definitiva librados a la voluntad soberana de cada país miembro -lo que es algo que cualquier realista asumiría como normal en las relaciones internacionales-, la construcción de un espacio de integración que asegure ganancias mutuas a socios con diferentes dotaciones de poder, podría ser al menos un tanto dificultosa. Probablemente las ganancias mutuas no se lograrían. Y además, los inversores percibirían serias limitaciones en el respectivo acuerdo de integración y preferirían entonces localizarse en la economía de mayor dimensión. Concretamente se diluirían los efectos del "seguro contra el proteccionismo", que son de la esencia de los acuerdos preferenciales entre países de distintos tamaños, en la conocida expresión de Fred Bergsten. Sobre todo se erosionaría su legitimidad social.

La ventaja ha sido la franqueza con la que el Presidente Lula planteó la cuestión de los límites de los compromisos asumidos en el Mercosur. Sinceró una visión que probablemente siempre predominó en América Latina en relación a las múltiples modalidades de acuerdos de integración. Quizás en ella se encuentre una de las explicaciones de los modestos resultados alcanzados en la práctica. ¿No residirá allí, además, una de las razones de las distancias existentes con la experiencia europea? ¿Y no será que la idea de soberanías intocables entra en colisión no sólo con los compromisos asumidos voluntariamente en un proceso de integración, pero también con la realidad del denso entramado de intereses que está generando el fenómeno de la globalización?