En nuestra región la precariedad de las preferencias comerciales tiene raíces profundas. Es historia de larga data. Se remonta a la vieja ALALC de los años sesenta. Es, en realidad, un problema genético.

Se manifiesta también en el Mercosur. Un ejemplo reciente son las tasas arancelarias que el Uruguay aplica a una canasta de productos de nuestro país. Pero es posible encontrar ejemplos en los cuatro socios. Incluso en los derechos de exportación que se aplican en el comercio intra-Mercosur.

Suelen ser prácticas unilaterales que no coinciden con las reglas de juego pactadas. Deja librado su cumplimiento a la apreciación discrecional de cada socio. De allí la precariedad en el acceso a los respectivos mercados. El efecto económico es claro: pocos invierten para producir en función de mercados de acceso precario. Salvo que su mercado interno sea muy grande.

Quizás reside allí el descrédito de acuerdos de integración – en los cuáles la preferencia comercial es esencial – celebrados desde hace seis décadas en América Latina. Es un descrédito basado en una racionalidad impecable: es frecuente que retóricas y reglas de juego en materia de integración, no se reflejan en comportamientos concretos a la hora de aspirar a ingresar al mercado prometido.

Es susceptible de solución por varios métodos. Uno es compensar las violaciones a lo pactado. Es lo que ha predominado como práctica en la región. Pero no resuelve el problema de quien tiene que efectuar una decisión de inversión productiva en función del mercado prometido.

El otro método es confiar a expertos independientes la custodia de las reglas pactadas. Es la idea de los mecanismos de solución de controversias.

Algo así como la función del árbitro en el fútbol. Explican el valor económico de muchos de los acuerdos de libre comercio que proliferan en el escenario internacional. Garantizan el seguro contra el proteccionismo que hacen a su esencia.

De allí que merece que sea explicada la reciente y sonora renuncia de un Juez del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. La erosión de la credibilidad de su mecanismo de solución de controversias contribuiría a institucionalizar la precariedad de las reglas de juego. ¿Conviene ello al interés de un Mercosur orientado a la producción?