El proteccionismo es una realidad de profunda raíz histórica.
Hoy en día lo practican todos los países, aún los
que predican las bondades del libre comercio. Lo que ha cambiado a través
del tiempo, y lo que cambia de país a país, son las modalidades
de protección de los mercados y la intensidad -incluso entusiasmo-
con las que se practica el proteccionismo. Vuelve recurrentemente a la
tapa de los diarios. Es decir, a convertirse en una cuestión importante
en la agenda política de un país, especialmente en períodos
de elecciones o cuando en los Parlamentos se tratan acuerdos internacionales
que, se supone, deben abrir mercados.
Desde la puesta en vigencia del GATT y, en particular, desde la creación
de la OMC, mucho se ha avanzado en el desarrollo de disciplinas colectivas
multilaterales en materia de protección de los respectivos mercados.
En la actualidad existen medidas de protección que son permitidas
por las reglas de juego del sistema de comercio multilateral global, por
ejemplo, aplicar aranceles hasta el límite de lo consolidado; pero
un número creciente de medidas proteccionistas no lo son. Como
en el caso del colesterol, una esencia de las reglas de juego de la OMC
es, precisamente, distinguir entre el buen proteccionismo y el malo. El
mecanismo de solución de controversias se supone que debe permitir
que tal distinción no quede sólo librada a la apreciación
unilateral y discrecional de un país miembro.
Las negociaciones comerciales multilaterales, como la Rueda Doha, tienen
precisamente, como uno de sus objetivos principales, reducir el espectro
de medidas permitidas que tienen o pueden tener efectos proteccionistas
y, por ende, de distorsión de los flujos de comercio de bienes
y de servicios. Un efecto concreto de tales negociaciones consiste en
restringir el espacio para la aplicación de políticas públicas
con efectos proteccionistas.
Hoy, el proteccionismo se expresa en modalidades cada vez más
sofisticadas de medidas no arancelarias e, incluso, de políticas
públicas y reglas internas que inciden en la posibilidad de acceder
al respectivo mercado, por oferentes de bienes o prestadores de servicios
originarios en terceros países. Pueden referirse a la protección
de la salud o del medio ambiente, a la propiedad intelectual o a la defensa
de la competencia.
En la práctica, el proteccionismo implica discriminar entre productores
de bienes o prestadores de servicios de origen nacional y aquéllos
que no son nacionales. La no discriminación y el tratamiento nacional
son, por ello, los principios centrales sobre los cuales se construye
el edificio del sistema comercial multilateral global, una de cuyas principales
finalidades es el desmantelar las barreras al comercio y generar condiciones
de igualdad de oportunidades en el intercambio global de bienes y de servicios.
Los acuerdos comerciales preferenciales son excepciones al principio
de no discriminación de la OMC. En la perspectiva de este "club
global" del comercio internacional, pueden ser considerados como
"clubes privados". Son previstos y regulados en el artículo
XXIV del GATT-1994-. En esencia se prevén dos modalidades: las
zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. Asimismo, la denominada
"cláusula de habilitación" -negociada y pagada
por los países en desarrollo en la Rueda Tokio, en 1979-, prevé
la posibilidad de que éstos celebren acuerdos por los cuales se
otorguen recíprocamente preferencias arancelarias, sin recurrir
a las antes mencionadas modalidades. La ALADI y los acuerdos preferenciales,
celebrados en su ámbito, se insertan en el marco legal de la OMC
aplicando la cláusula de habilitación.
La tendencia actual es a la multiplicación de los acuerdos comerciales
preferenciales. El Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el NAFTA,
la Unión Europea, la ASEAN, son algunos de los más conocidos.
Todos ellos involucran naciones vecinas. Incluso persiguen, explícita
o implícitamente, objetivos que trascienden el plano del comercio
y tienen una dimensión política. Hay muchos otros -ya son
centenares y sigue creciendo el número- que son bilaterales e involucran
a naciones que no son contiguas. En su mayoría adoptan la forma
de zonas de libre comercio o de áreas preferenciales en el marco
de la cláusula de habilitación como, por ejemplo, el acuerdo
celebrado entre la India y los países del Mercosur. Todos son discriminatorios
con respecto a quienes no son miembros. Algunos discriminan con aranceles
externos comunes; otros, con reglas de origen específicas, o con
reglas de juego aplicables, por ejemplo, a los servicios, a las inversiones
y a las compras gubernamentales.
Dos reflexiones merece la cuestión de los acuerdos comerciales
preferenciales en relación con el proteccionismo de los mercados.
La primera es que se observa una tendencia a una nueva modalidad de discriminación
entre "nosotros y ellos", que consiste en la discrecionalidad
en determinar qué país puede o no ser parte de un "club
privado". A veces, los criterios son objetivos como, por ejemplo,
la pertenencia a un espacio geográfico. Pero otras veces tienden
a ser explícitamente políticos. Por ejemplo, ser concebidos
en función de una estrategia más amplia en el plano de la
seguridad y de la política exterior de una nación.
La segunda reflexión es que, dentro de un acuerdo comercial preferencial,
el objetivo de "libre comercio" o de "espacio económico
común" puede diluirse como consecuencia de la precariedad
de las reglas de juego. Esto es, si bien existen reglas jurídicas
comunes pactadas libremente por los socios, su aplicación queda
muchas veces librada a la voluntad discrecional unilateral de cada socio.
Cuando ello ocurre, la tendencia es que el respectivo acuerdo comercial
preferencial comienza a ser percibido por quienes elaboran estrategias
empresarias y adoptan decisiones de inversión, originando un proceso
"power-oriented" en lugar de ser "rule-oriented".
La consecuencia entonces es evidente. Se opta por invertir y localizarse
en el país o en los países de mayor dimensión económica
relativa.
El Mercosur tiene como objetivo explícito establecer un mercado
común. Es el objetivo que legitima preferencias económicas
que se han otorgado los socios. Implica asegurar a quienes producen en
los respectivos mercados el acceso a más de doscientos millones
de consumidores. El problema que tiene hoy el Mercosur es que tal acceso
no está efectivamente asegurado. La precariedad es, como lo fuera
por años en la ALALC y luego en la ALADI, un rasgo distintivo de
las reglas de juego del Mercosur. Como señaló Arthur Dunkel
cuando era Director General del GATT, la precariedad en el acceso a los
respectivos mercados es la forma más perversa -por ser muchas veces
imperceptible e imprevisible- de proteccionismo. Afecta un objetivo estratégico
que se persigue con la apertura comercial, como es el incentivar las inversiones
productivas en función de los mercados ampliados. Si el objetivo
de los acuerdos comerciales preferenciales -especialmente entre países
de diferente dimensión económica- es, en la expresión
de Fred Bergsten del Instituto de Economía Internacional de Washington,
brindar un "seguro contra el proteccionismo" especialmente a
los países de menor dimensión económica relativa,
el Mercosur no ha podido aún cumplir con tal objetivo.
Esta "agenda incumplida" del Mercosur -como señalara
recientemente el Embajador Carlos Amorim, nuevo Director de Integración
de la Cancillería del Uruguay- afecta, en particular, a las posibilidades
de atraer inversiones productivas al Uruguay y al Paraguay. No es por
cierto el único factor. Muchos factores que desnivelan el campo
de juego en la competencia económica entre los socios -originadas
no sólo en realidades económicas, sino además en
políticas públicas y reglas de juego- también explican
el grado de insatisfacción que se observa en los socios con respecto
al proceso de integración y sus crecientes problemas de credibilidad
interna e internacional.
Un Mercosur débil y poco creíble no es un instrumento eficaz
para abrir efectivamente los mercados de los socios al comercio recíproco.
La propensión al proteccionismo unilateral y discrecional es una
de las explicaciones para ello. Pero tampoco es un instrumento eficaz
para llevar adelante negociaciones comerciales internacionales -sean globales
o preferenciales- que permitan abrir otros mercados para bienes y servicios
originarios en la región.
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