En el Mercosur -como en la Unión Europea y el NAFTA- es a partir de lo político que se llega a lo exigible. Pero es sólo con lo exigible que se logran los resultados esperados. La voluntad política de los socios es lo que permite producir reglas que efectivamente se cumplan. Y es la percepción de esa realidad, lo que toman en cuenta las empresas a la hora de adoptar decisiones de inversión y de incorporación de progreso técnico para aprovechar el mercado ampliado.

El problema es que en el Mercosur, no siempre la densidad de voluntad política se ha traducido en reglas exigibles. Muchas veces las energías políticas se han diluido en aspiraciones y en declaraciones programáticas, e incluso en reglas que sólo se cumplen "si se puede" o que no penetran en la realidad -la acumulación de Protocolos y de normas aprobadas por los órganos del Mercosur que no han cumplido su ciclo de perfeccionamiento jurídico, supera el 60% del total aprobado-. De ahí la imagen de una especie de Mercosur de "efectos especiales" y de poco contenido concreto.

A la luz de las reflexiones anteriores debe colocarse la evaluación de los resultados de la Cumbre de Asunción. La buena noticia es que se observa con nitidez voluntad política de impulsar el mercado común, como plataforma para la inserción competitiva de sus socios en la economía global, y para negociar acuerdos comerciales con otros países y bloques. Es mucho lo que se avanzó entonces en densidad política. Pero no necesariamente se ha avanzado aún en densidad de reglas exigibles. Debe ser la próxima etapa.

De ahora en más, quien tenga que adoptar decisiones de inversión en función del mercado ampliado -los 200 millones de consumidores prometidos-, deberá tener en cuenta tres datos. El primero es la nitidez y calidad -incluyendo la transparencia en su preparación y aprobación- de las reglas de juego, que deberán producir los órganos del Mercosur en el marco de la hoja de ruta que recibiera el espaldarazo político en Asunción. Cuánto más confusas sean las reglas y cuánto más cuestionables fueren los procedimientos de su incorporación al derecho interno de cada país -por ejemplo, el recurso a la "protocolización" en la ALADI como sustituto a la necesaria aprobación parlamentaria-, menor será su densidad de exigibilidad. El segundo es la aprobación de reglas que permitan flexibilizar compromisos asumidos, en caso de variaciones significativas y temporarias de las condiciones económicas en uno o varios de los países socios. Esto es, la incorporación de distintas modalidades de válvulas de escape, aplicables con procedimientos previsibles y limitadas a productos donde efectivamente se hubieran observado dificultades serias. Y el tercero es el funcionamiento eficaz de mecanismos de solución de controversias. Implica la vigencia del Protocolo de Olivos, así como el desarrollo de mecanismos nacionales que faciliten el acceso de los empresarios a los procedimientos de consultas y arbitraje. Para ello parece indispensable, en el caso argentino, institucionalizar la Sección Nacional del Grupo Mercado Común, identificando los funcionarios responsables, y asegurando la transparencia de sus actuaciones. Debería contar con su propia página Web, en donde todo lo relevante sea publicado.

Argentina y Brasil, tienen en sus manos ahora traducir voluntad política en reglas exigibles y custodiadas por expertos -un órgano jurisdiccional independiente-. Ello significa limitar su margen de acción discrecional. En la Unión Europea y en el NAFTA, dirían que exactamente de eso se trata cuando se afirma que se está procurando un espacio creíble de integración económica, atractivo para inversiones productivas.