Las crisis del Mercosur, incluyendo la última, reitera una lección que debe inducir a acción por parte de los socios. La han puesto en evidencia observadores extranjeros y reconocidos analistas como Elvio Baldinelli. Incluso lo plantea un editorial periodístico -muy controvertido desde distintos ángulos- del Estado de San Pablo, el jueves 28 del último mes.

La lección es que resulta muy difícil -poco creíble dicen quienes ya tienen experiencia en la materia, como empresarios, funcionarios y especialistas europeos- que el Mercosur pueda ser tomado en serio con sus reglas de juego e instituciones actuales.

Lo que parece claro es que el Mercosur sufre de "insuficiencia institucional", en el sentido de que sus reglas de juego e instituciones no permiten satisfacer demandas elementales de previsibilidad y eficacia. De ahí esa sensación de marcha errática plagada de sobresaltos. Por cierto que las dificultades económicas de los últimos meses -a partir de la crisis asiática- explica muchos de los problemas. Pero no explican la forma en que los problemas se manifiestan y lo ruidosos que suelen ser.

La insuficiencia institucional se manifiesta en dos planos que requieren acción política. En primer lugar, muchas reglas son técnicamente imperfectas o poco claras. En otros casos, se observan vacíos legales notorios, como es el caso de la inexistencia de salvaguardias o válvulas de escape para el caso de emergencias económicas o devaluaciones. Existen o han existido en la vieja Comunidad Europea y en el Nafta varios tipos de salvaguardias. En el Mercosur, la Argentina ha planteado reiteradamente su necesidad.

Lo hizo en Ouro Preto, luego en 1996 y, más recientemente, antes de la Cumbre de Asunción, siempre sin éxito. De haber sido aprobadas no existiría la controversia sobre la Resolución 70 de la Aladi. Pero hay muchos otros ejemplos de normas confusas o situaciones no previstas.

En segundo lugar, los mecanismos de decisión y de solución de controversias no han permitido brindar respuestas rápidas a muchos conflictos de opinión o de intereses que se han planteado. No se trata de dar un salto a una institucionalización costosa y burocrática. Se trata, sí, de reflexionar sobre si el funcionamiento del Grupo Mercado Común y del mecanismo de solución de controversias no podría ser objeto de perfeccionamiento que tornara menos necesario que los conflictos escalen rápidamente a la atención del alto nivel político de los socios.

Quizás la lección más profunda de las recientes crisis es que, más que la frecuencia y seriedad de los conflictos comerciales -que se intensifican cuanto más densas sean las relaciones entre los socios-, lo que importa es la capacidad para superarlos en forma racional. La calidad institucional, incluyendo las reglas de juego, es más necesaria cuando hay dificultades económicas y cuando, además, existen asimetrías de dimensión económica entre los socios.

La diplomacia de integración requiere de un diálogo racional y hasta silencioso, y no tanto de lenguaje duro.

No conviene generar la imagen de que es el Mercosur lo que está en juego en cada conflicto. Sería atribuirle bases muy endebles y ese no es el caso. Si las reglas no son claras o hay vacíos normativos que afectan intereses legítimos de los socios, hay que negociar reglas nuevas.

Si hay deferencias o controversias, hay que recurrir a los mecanismos existentes. Si no funcionan bien, hay que perfeccionarlos. Para ello serán sumamente valiosas las opiniones, las experiencias y perspectivas de los protagonistas empresarios y sociales, de los parlamentarios y de la comunidad académica.