Es necesario enfocar el debate sobre el Mercosur en un eje correcto: el de los desarrollos que se requieren para que su éxito contribuya a nuestra inserción en la economía mundial, sustentando de tal forma la consolidación de los esfuerzos por transformar nuestra economía, en un clima de democracia y de equidad social.

En un reciente y estimulante artículo, publicado en El Cronista del 15 de enero, el diputado Ruckauf plantea ideas para orientar un debate sobre el Mercosur que, en su opinión, ha estado incorrectamente planteado durante la última parte de 1992. Son ideas concretas que pueden fortalecer al Mercosur.

El debate necesario debe hacerse a la luz de las precisas señales enviadas al mercado por la reciente Cumbre Presidencial de Montevideo: no sólo el Mercosur continuará por el derrotero previsto, sino que se abrirá al diálogo primero y a negociaciones luego con los Estados Unidos en la perspectiva de su pertenencia al Nafta. Queda claro entonces que el Mercosur y Nafta no son realidades contrapuestas, sino dos pilares complementarios de una misma realidad económica hemisférica. Y los presidentes confirmaron, además, lo que se sabía desde el principio: que el arancel externo común será bajo y orientado a facilitar la competitividad global de las respectivas economías.

Para nuestro país, el Mercosur es uno de los cuatro ejes, indisociables y prioritarios, de una estrategia de inserción múltiple en la economía global que persigue los mismos objetivos.

Los objetivos son claros. Se relacionan con la imperiosa necesidad de revertir definitivamente una larga tendencia a la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, como consecuencia de no haber invertido, durante muchos años, lo necesario para incorporar progreso técnico a nuestro esfuerzo productivo. Buscan asegurar el acceso a los principales mercados de exportación, para tornar al país más atractivo para la inversión privada.

Sin perjuicio de otros, los cuatros ejes prioritarios de la política nacional de integración económica son: el Brasil, a través del Mercosur; los Estados Unidos, especialmente a través del desarrollo de un sistema hemisférico de libre comercio y de la relación con Nafta; Chile, a través del Acuerdo de Complementación celebrado en 1991, y la CEE, a través las relaciones bilaterales y de las que podrán establecerse con el Mercosur, que comenzaron a desarrollarse luego de la reunión de Guimaraes (Portugal) en abril pasado.

El debate sobre el Mercosur tiene dos dimensiones que son complementarias. La primera es la de las tareas que hay que realizar para lograr los objetivos de enero de 1995.

Al respecto, dos preguntas son prioritarias. La primera es: ¿cómo desarrollar los instrumentos previstos en el Tratado y en el Cronograma de Las Leñas, con flexibilidad ante los cambios en las realidades económicas internas de los asociados y externas de la economía mundial, y no debilitando la credibilidad que los empresarios deben tener en el proceso, a fin de ajustar su comportamiento inversor a las expectativas del mercado ampliado? En materia de integración económica, no hay espacio para visiones mecanicistas y dogmáticas. Probablemente la respuesta esté en las amplias competencias que el Tratado otorga al Consejo, que puede hacer prácticamente todo, menos alterar el programa de liberación.

La segunda pregunta es: ¿cómo preservar el interés nacional frente a comportamientos del comercio recíproco, que reflejen más que ventajas competitivas diferentes entre los socios, distorsiones provenientes de actos de gobierno, de desequilibrios macroeconómicos pronunciados, o de prácticas empresarias restrictivas de la competencia? Lo ocurrido en 1992 ilustra sobre la importancia práctica de esta cuestión. Aquí también el ACE 14 y el propio Tratado de Asunción dan amplia competencia al Grupo Mercado Común y al Consejo para acordar medidas especiales sin alterar el programa de liberación. Los acuerdos sectoriales y eventualmente restricciones voluntarias a la exportación por parte de Brasil, son otros tantos caminos para instrumentar soluciones, si es que existe habilidad negociadora y voluntad política.

La segunda dimensión es más importante. Sé refiere a lo que la Argentina debe hacer en un esfuerzo conjunto gobierno-empresas, por un lado, para monitorear los efectos del Mercosur sobre el comportamiento de la economía y del sector externo y por el otro; para adaptar la estructura productiva con estabilidad macroeconómica al esfuerzo de inversión y de competitividad empresaria que requiere competir en el Mercosur y en los otros mercados mundiales, especialmente los de la OECD.

Éste es el eje del debate necesario de 1993: ¿cómo ordenar energías sociales y económicas a la producción de bienes y de servicios que incorporen valor agregado, especialmente intelectual, para aumentar drásticamente exportaciones a mercados en los que la competitividad es definida por la diferenciación de productos de calidad? Y, ¿cómo aprovechará tal efecto los acuerdos de integración que celebramos, incluyendo el Mercosur?

El Cronograma prevé como tarea para 1993 la definición de un programa Mercosur de calidad y de productividad. Esta podría ser una oportunidad para enhebrar gobierno, sector empresario y sindical, un debate a escala nacional y de los cuatro países que conduzca a profundizar la idea de una alianza de competitividad.

En tal perspectiva, el transformar con la participación del sector privado y de la cooperación internacional el fondo de inversiones previsto en la Picab en un fondo de preinversión para proyectos industriales y tecnológicos conjuntos, permitiría sacar mejor provecho a los mecanismos que existen en los países de la OECD, para la promoción de joint-ventures especialmente con empresas medianas y pequeñas, y prepararía el terreno para el financiamiento de proyectos de reconversión agrícola e industrial, que los presidentes en Montevideo le solicitaron al BID y al Banco Mundial.

El Mercosur tiene un claro sentido social. También aquí se requieren acciones concretas; al respecto habría que debatir con empresarios y sindicatos, cómo concretar, en el marco de las tareas previstas para este año, un programa ambicioso de formación profesional y recapacitación laboral, ligado al proceso de reconversión industrial y que pueda ser objeto de financiamiento, por ejemplo, por el nuevo Fondo Multilateral de Inversiones establecido en el BID, entre otros, por la Argentina y el Brasil. Quizá una sobre tasa aplicada a los productos que se comercialicen dentro del Mercosur, en sectores en los que se produzca un "fuerte desequilibrio comercial” definido como porcentaje del comercio intrasectorial bilateral total, podría proveer recursos comunitarios a un programa social de este tipo.