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  Félix Peña

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  Revista Integración Latinoamericana (INTAL) | Marzo de 1984

¿Y después de Quito?: la Conferencia Económica Latinoamericana y sus resultados prácticos


Resumen

La Conferencia Económica Latinoamericana de Quito, sus antecedentes y resultados prácticos son analizados por el autor de esta nota. .Lo hace situando, este esfuerzo, latinoamericano el contexto de otros que realizan los países de la región a fin de hacer frente a la crisis económica mundial, y distingue, al efecto, tres grandes planos a través de los cuales se canalizan las acciones de los países en la materia: el unilateral o nacional, el bilateral y el multilateral. Sostiene que la falta de conexión que se observa algunas veces, y otras la contradicción en las acciones que los países canalizan en los mencionados niveles, pueden explicar la relativa efectividad y eficacia de las políticas que, al menos teóricamente, están destinadas a atenuar los impactos negativos de la crisis y a mejorar la capacidad de respuesta individual y colectiva de los países latinoamericanos frente a ella.

El autor examina los distintos pasos del proceso que conduce a la Conferencia de Quito, a partir de la iniciativa del Presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, pasando por el informe SELA-CEPAL, su presentación ante los gobiernos en Quito, el "Compromiso de Santo Domingo" y finalmente la acción de la Mesa de Seguimiento del "Compromiso" y preparatoria de la Conferencia.

Por último, se presentan los principales resultados de esta Conferencia Económica Latinoamericana, que el autor califica de inédita por su constitución y nivel político. Concluye interrogándose acerca de los próximos pasos que se deberá dar a fin de asegurar la efectividad y la eficacia del Plan de Acción que surgió de Quito al eliminar las desconexiones o contradicciones que suelen producirse en los antes mencionados planos de acción de cada país frente a la crisis económica mundial. Pone énfasis también en la importancia práctica que tendría un pacto de "compre latinoamericano" como resultado de políticas nacionales de estímulo a las Importaciones de origen regional que podrían aplicar los gobiernos de las mayores economías del área.

Conferencia Económica Latinoamericana

Fue una reunión sin precedentes. Por primera vez, los gobiernos de los países latinoamericanos se reunieron en un alto nivel político para debatir sus problemas económicos externos comunes y. trazar un plan de acción concreto, fuera de un marco jurídico-institucional preestablecido y sin la finalidad de crear uno. El temario de la reunión estuvo vinculado pon las situaciones más críticas que afectan, en sus respectivos frentes económicos externos, a los países que en ella participaron. El nivel político de los participantes fue muy elevado: varios Jefes de Estado y Cancilleres asistieron al cónclave de Quito, y cuando el 13 de enero de 1984 firmaron la Declaración de Quito y el Plan de Acción, todos los signatarios lo hicieron en "representación personal" de sus respectivos jefes de Estado o de Gobierno.

Ahora que ha concluido la Conferencia Económica Latinoamericana, celebrada en Quito del 12 al 13 de enero de 1984, deseo examinar sus antecedentes y resultados, situarla en el contexto de otros esfuerzos latinoamericanos orientados a hacer frente a la crisis económica mundial, y plantear, por último, algunos interrogantes acerca del significado y la eficacia de éstos esfuerzos y los pasos concretos que se deberá dar para traducir, en la práctica, la voluntad política de acción conjunta que se puso de manifiesto en Quito.

La tesis principal que deseo sostener en. estas notas es que la Conferencia Económica Latinoamericana no puede ser considerada como un hecho político aislado, ya que se inserta en un complejo de acciones externas de los países de la región frente al impacto que produjo la crisis económica mundial, en sus economías y en sus posiciones, relativas en la configuración del poder mundial. Tales iniciativas se desarrollan de manera básica en tres niveles, no necesariamente complementarios y a veces hasta antagónicos: el unilateral o nacional, de la política exterior y de la política económica externa (financiera y comercial) de cada país; el bilateral, tanto con respecto a los países de la región cuanto a los de fuera de ella y el multilateral, internacional, interamericano y latinoamericano. En la parte final examino como la falta de conexión y la contradicción que se observa algunas veces en las acciones que los países canalizan en los niveles mencionados pueden explicar la relativa carencia de efectividad y eficacia de las políticas que por lo menos teóricamente están destinadas a atenuar los impactos negativos de la crisis y a mejorar la capacidad de respuesta individual y colectiva de los países latinoamericanos frente a ella.

A la luz de estas consideraciones deseo examinar, para concluir, cuáles pueden ser los próximos pasos a dar como consecuencia de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Quito, si se tiene en cuenta la conveniencia de lograr la mayor coherencia posible entre las acciones que se desarrollan en los distintos niveles antes citados.

La presentación de la iniciativa Presidente Hurtado y la etapa preparatoria de la Conferencia de Quito

a) La iniciativa del Presidente Hurtado

El 11 de febrero de 1983, el Presidente Constitucional de Ecuador, don Osvaldo Hurtado, entregó a Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y a Carlos Alzadora, Secretario Permanente del SELA, una carta en la cual plantea la iniciativa que un año más tarde conduciría a la realización de la Conferencia Económica Latinoamericana.

Destaca en ella la gravedad de la crisis económica internacional y su carácter global "de sus perniciosos efectos casi ninguna sociedad ha logrado escapar, pues parecidos son los problemas que sufren los países del norte desarrollado y los del sur en vías de desarrollo, los del este socialista y los de occidente". Y agrega, "el hecho de que ella afecte a todas las sociedades, cualesquiera sea su orientación ideológica, su régimen político y su modelo económico, es la mejor demostración de que nos encontramos ante un fenómeno de carácter universa; que involucra a todas las naciones".

Pero a continuación se refiere a los efectos diferenciales de la crisis, que si bien afecta a todos los países, del Norte hacia el Sur, entre ellos, en particular en los de América Latina. De prolongarse la depresión económica -agrega- lo que está en juego, en definitiva, será la paz social de las naciones y la estabilidad del sistema democrático y lo que se advierte en el horizonte es la posibilidad concreta de una hecatombe. El planteamiento del Presidente Hurtado se inscribe así en la línea de análisis político que había caracterizado poco antes el incisivo discurso del Presidente del Brasil, Baptista de Figuerredo, pronunciado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1982, y en lo que sería luego el planteamiento latinoamericano en la Reunión de Coordinación Latinoamericana, previa a la UNCTAD VI, celebrada en Cartagena de Indias del 21 al 26 de febrero de 1983, así como el planteamiento del Grupo de los 77 en la Reunión Ministerial que se celebró en Buenos Aires, entre fines de marzo y comienzos de abril de 1983, y de la cual surgió la "Plataforma de Buenos Aires".

La carta menciona las causas inmediatas de la fase aguda de la crisis por la que atravesaron las economías latinoamericanas en los comienzos del año 1983. Por un lado, el paso brusco de una oferta ilimitada de créditos de la escasez absoluta, en el preciso momento en que la deuda externa, que alcanzó en los últimos años niveles asombrosos, planteaba a los países latinoamericanos requerimientos crecientes de divisas para importar, pagar intereses y amortizar el capital. Por el otro, el deterioro de las exportaciones de productos básicos a raíz de la caída del crecimiento de los países industrializados, las restricciones que éstos establecen a causa de los cambios tecnológicos introducidos en los procesos productivos y el predominio alcanzado por las trasnacionales en el comercio mundial.

Seguidamente se refiere a la insuficiencia de las respuestas basadas en la ortodoxia económica, "cualquiera sea la vertiente ideológica que la inspire", al hecho de que se trata de un fenómeno inédito que probablemente demande la formulación de un renovado pensamiento económico, a como las políticas adoptados por los países industrializados afectan a nuestras naciones y a que se asiste a la redefinición del sistema económico internacional que regió desde la posguerra. En su opinión, todo ello requiere la presencia latinoamericana en su decisivo proceso histórico, del que dependerá la superación de la crisis y el futuro desarrollo económico y social".

Desataca que si bien la magnitud de la crisis "parece desbordarnos", los países de la región poseen las condiciones indispensables para superarla. Y entra de inmediato en la esencia de su iniciativa al sostener que "las difíciles circunstancias que confrontan nuestros países, tornan indispensable la urgente formulación de una respuesta latinoamericana a la crisis, para lo cual será necesario un esfuerzo consensuado que permita utilizar a plenitud todas nuestras capacidades, recursos e instituciones". En función de ello, y en nombre del gobierno de Ecuador, solicita a los dos altos ejecutivos de los organismos regionales que se "sirvan preparar, en el menor tiempo posible, un conjunto de propuestas encaminadas a desarrollar la capacidad de respuesta de América Latina y afianzar sus sistemas de cooperación". Y añade que "los aportes de la CEPAL y del SELA, enriquecidos con los que se dignen prestar los gobiernos de la región, darían lugar a un programa de acción que, inscripto en el horizonte de los próximos años, permita enfrentar los graves problemas inmediatos, teniendo siempre en cuenta los objetivos permanentes de justicia, paz y libertad".

Como luego lo reconocería el propio Presidente Hurtado, en su discurso de inauguración de la reunión que se celebró en Santo Domingo, su iniciativa se basó en la certeza de que la crisis económica de América Latina y el Caribe, originada fuera de las fronteras del continente, difícilmente sé podía solucionar en el ámbito interno de cada país. Pero a pesar de su alcance regional y de involucrar a dos de los principales organismos económicos que actúan en América Latina, antes de su presentación la iniciativa no fue; consultada con los demás países, o al menos con los que resultaban más afectados por el fenómeno del endeudamiento externo. En su carta señala que el planteamiento y el pedido que formulaba los dirigía "a los Jefes de Estado de los países, latinoamericanos, invitándoles á apoyarlo y a participar en su formulación, en la .convicción de que no deben constituir un obstáculo las diferencias ideológicas, políticas, económicas y territoriales que separan a nuestras: naciones".

Si bien días después de planteada la iniciativa, en ocasión de la citada reunión ministerial de Cartagena se recogían públicamente las primeras manifestaciones de apoyo, lo cierto es que en un primer momento algunos gobiernos, entré; los que se encontraban los de los países de mayor desarrolló, que además eran los principales deudores latinoamericano. Se manifestaron ciertas reservas a brindar su apoyo. El hecho de que no hubieran sido consultados o no se les hubiera anticipado la iniciativa fue un factor que alimentó esta actitud de reserva, casi de frialdad. No parecía adecuado, además, que sé alteraran los planes de trabajo de los organismos regionales a través de propuestas que no surgieran de sus órganos naturales de gobierno, aun cuando se reconociera que en este caso dicha propuesta se efectuaba a los Secretarios y no a los organismos como tales. Por otra parte, se entendía que la iniciativa podía restarle peso al planteamiento que surgía de la propia reunión de Cartagena, donde en el nivel ministerial los países de la región ya estaban fijando la posición latinoamericana frente a la crisis económica internacional y estudiaban cómo encarar su solución.

tampoco parecía conveniente apoyar una iniciativa que podía ser interpretada como un "cheque en blanco." extendido a los funcionarios internacionales,'que más allá de su indudable prestigio personal podían formular recomendaciones y efectuar propuestas en particular en relación-con e| problema de la deuda, externa - que estuvieran totalmente alejadas de: lo que los gobiernos consideraban políticamente conveniente o viable. Recordemos que en esos días el espectro de Un "club de deudores" rondaba por; los medios de prensa de la región y de fuera de ella, producía alarma y originaba presiones de los acreedores y de sus gobiernos, que se manifestaban en primer lugar sobre los negociadores gubernamentales de los países deudores. De alguna manera, el precedente del "Informe de los 4", originado en una iniciativa similar presentada en 1964 por el entonces Presidente Frei, ante los responsables de los cuatro 'principales organismos económicos regionales, pesaba en algunas Cancillerías y las inducía a ser más prudentes aun ante la iniciativa del Presidente Hurtado. Se temía dejar sentado un nuevo precedente de iniciativas personales.'de Jefes de Estado, que comprometieran el accionar de los secretariados de organismos internacionales y generaran hechos consumados para los demás gobiernos que no pudieran ser alterados sin un alto costo para la política; exterior de los países y, en particular, para sus relaciones con el gobierno promotor de la iniciativa. Se pensaba que tales precedentes no siempre provendrían de gobiernos con capacidad para generar consenso y que actuaran con sentido de equilibrio, y que, en definitiva, dichas iniciativas podrían redundar en un debilitamiento de los organismos regionales y de la tan preciada y necesitada cooperación multilateral latinoamericana.

Sin embargo, a pesar de las reservas y temores iniciales, distintos factores explican por qué finalmente la totalidad de los gobiernos apoyaron la iniciativa, y que inclusive muchos de ellos, |a hicieran con entusiasmo. En primer lugar contribuyó a ello el hecho de que el gobierno de Ecuador, y en particular su Presidente, tenían la imagen de razonabilidad, equilibrio y prudencia que era, necesaria para tranquilizar a los demás gobiernos acerca de la seriedad de la, iniciativa. Tal imagen se fue acentuando, como veremos, cuando se comprobaron la inteligencia, habilidad política y seriedad intelectual, así como la convicción en sus ideas que puso de manifiesto el presidente Hurtado en el desarrollo e impulso de la iniciativa y en todas las gestiones preparatorias de la Conferencia de Quito, El hecho de que Ecuador fuera un país de menor desarrollo económico relativo, y que tuviera ,un gobierno, democrático, así como que perteneciera al Grupo Andino, lo que le aseguraba el apoyo de los países de la subregión, contribuyó, sin duda, a la aceptación de la iniciativa. El Canciller de Ecuador, Embajador Luis Valencia Rodríguez, y sus colaboradores inmediatos desarrollaron una intensa gestión diplomática en Cartagena, luego en la, Cumbre de los No Alineados en Nueva Delhi, y en las principales capitales latinoamericanas, donde explicaron el alcance de la iniciativa y garantizaron su seriedad. Y también fueron factores decisivos para obtener el apoyo de algunos de los principales países, el prestigio y el respeto de que gozaban los altos funcionarios internacionales a quienes se encomendó el informe, y los mensajes recibidos en cuanto a que el informe no contendría "sorpresas" desde el punto de vista político.

Los responsables dé las políticas ¿económicas y financieras, que tenían a su cargó las negociaciones con los bancos y gobiernos acreedores y con el Fondo Monetario Internacional, eran los más sensibles a la posibilidad de que por medio de una iniciativa del Presidente Hurtado y de un informe como el encomendado a Enrique Iglesias y a Carlos Alzamora, se politizara el tema de la deuda. Mencionamos ya las reacciones que había producido en distintos ámbitos periodísticos, políticos y académicos el lanzamiento de la idea de un "club de deudores", entendida como una moratoria colectiva de la deuda o como una suerte de OPEP de los deudores. Si bien es cierto que se pueden formular distintas hipótesis acerca del origen de esta idea, o de sus distintos orígenes, que inclusive podría estar vinculado con el debate interno en Estados Unidos acerca de la responsabilidad de los bancos y de no traspasar a los contribuyentes americanos los errores de gestión cometidos por tales bancos, lo cierto es que la simple mención de la idea producía irritación y molestia en las respectivas conducciones económicas de los países deudores. Se la veía como una idea no viable en la práctica y perturbadora para las gestiones de refinanciamiento de la deuda. Las cancillerías, a su vez, eran mas sensibles al tratamiento político de un tema que, si bien era reconocido como de contenido económico y financiero, solo podría ser comprendido en sus orígenes, características y eventuales soluciones si se lo enfocaba desde el ángulo de las relaciones de poder entre los Estados; es decir desde un ángulo político. Pero las cancillerías necesitaban tener la seguridad de que el tratamiento político del tema que de por sí perturbaba a las condiciones económicas, iba a ser efectuado dentro de las pautas de racionalidad, solvencia técnica y prudencia. Sólo cuando se tuvo certeza de que tal podía ser el caso de la iniciativa del Presidente Hurtado, la actitud de las cancillerías de algunos de los principales deudores se volvió más receptiva a apoyar la idea. Con todo, ese proyecto solo se fue dando gradualmente, como veremos luego, y en un primer momento solo se apoyó en la "iniciativa", sin por ello comprometerse a un apoyo incondicional con respecto a los pasos futuros. El apoyo en ningún momento significó, ni podía significar, un 'cheque en blanco" y eso lo comprendió bien el gobierno de Ecuador, lo que facilitó la evolución posterior de la iniciativa.

b) El informe SELA-CEPAL

El 16 de mayo de 1983, en Quito, Enrique Iglesias y Carlos Alzamora entregaron su informe el Presidente Hurtado. Éste se titula "Bases para una respuesta de América Latina a la crisis económica internacional" y fue acompañado por una carta de sus autores dirigida al Jefe de Estado de Ecuador. Si bien estos documentos son bastante conocidos, conviene recordar algunas de sus características principales.

La carta pone el acento en que América Latina sufre simultáneamente los efectos de la crisis económica internacional y también los de su propia crisis para hacerle frente. Precisamente para superarla, agrega la carta, "América Latina debe valerse de esta doble crisis como una oportunidad y un incentivo para reconsiderar aquellas pautas y estilos de desarrollo que la han tronado tan vulnerable y dependiente, y para redefinir sus objetivos político-sociales. Para poner en marcha un programa de acción integral destinado a reforzar la cooperación y la integración regionales con pilares de su seguridad e independencia económica. Para materializar el potencial de negociación conjunta que le permita corregir la perniciosa estructura asimétrica de sus relaciones externas". Quedan así planteadas las tres dimensiones de la crisis y, por lo tanto de la respuesta que deben articular los países de la región: la nacional, la regional y la internacional. Es por ello que la carta, y luego el informe, se detiene en los tres frentes en los que se requiere definir la futura acción latinoamericana. En el plano interno, señala que "es necesario superar estrategias de desarrollo y fuertemente inequitativas en o social; basada predominantemente en la dinámica consumidora de los grupos de altos ingresos o en una excesiva dependencia externa generada en la exportación de productos primarios, en la estructura industrial o en la importación en masiva de capitales".

En el plano regional, sostiene que "deberá estructurarse la complementación de la producción, el comercio y los servicios sobre la base del principio de preferencialidad latinoamericana". Y en el plano internacional, postula que "es necesario reestructurar los ejes principales de la vinculación de la región con los países industrializados y fortalecer los vínculos con otras regiones en desarrollo".

Presenta luego los lineamientos de un programa de acción regional frente a la crisis, y señala que se creyó necesario, focalizar las propuestas en los problemas derivados del peso del servicio de la deuda externa y del comercio, y en la \necesidad de avanzar decididamente en el camino de la cooperación y la integración regionales, sin que ello signifique desconocer la importancia de otros temas como el de la seguridad alimentaria o la cooperaci'n en materia de energía, o de áreas como el transporte marítimo, los seguros y reaseguros y el desarrollo tecnológico, que también reclaman una acción conjunta dirigida a reforzar la seguridad económica regional.

En la relación con la deuda, el énfasis se pone en la necesidad de una acción latinoamericana concertada en la adecuación del servicio de la deuda a la actual capacidad de pago de los países deudores y en la distribución adecuada en el tiempo de la deuda acumulada para poder mantener el nivel de las importaciones esenciales.

Luego, en el informe se profundizarán aspectos centrales del planeamiento relativo de la deuda tales como el de la corresponsabilidad de los países acreedores y deudores y el de la equidad en la distribución de la carga del ajuste y el de la necesidad de que el ajuste no se haga a costa del desarrollo de los países deudores.

Con relación al plano regional, el énfasis recae en la necesidad de intensificar toda la inexplotada potencialidad del comercio intralatinoamericano, con la meta de por lo menos duplicarlo en este decenio, sustituyendo importaciones extrarregionales, particularmente de alimentos, energía y bienes de capital, por aquello que pueda proveer la propia región.

La carta concluye refiriéndose a la instrumentación de las propuestas que se efectúan, para lo cual se señala que se "impone la urgencia de un gran diálogo latinoamericano de entendimiento y concertación que requiere fórmulas aún inéditas. En este sentido consideramos que la convocatoria de una conferencia económica latinoamericana podría ser un procedimiento adecuado". La Conferencia debería tratar las propuestas del informe y las que surgiesen de la iniciativa del Presidente Hurtado ante sus colegas latinoamericanos, y debería concentrar sus esfuerzos en las áreas de financiamiento del desarrollo y comercio intrarregional, y dar un renovado impulso a la integración y la cooperación latinoamericanas. Pero no se trataría sólo de reforzar o integrar los mecanismos existentes, sino de establecer las bases de futuros mecanismos latinoamericanos de apoyo a las balanzas de pago, el financiamiento de las exportaciones y el mayor valor de los productos básicos que la, región exporta.

El informe considera en profundidad y desde el punto de vista técnico, los temas, las tesis y las propuestas que se presentan en la carta. Según sus propios autores, el informe se propuso:, i) describir la naturaleza y el alcance de la crisis económica de América Latina; ii) cuestionar el actual proceso de ajuste que, como consecuencia de la insuficiencia e inadecuación de la cooperación internacional a las exigencias de la coyuntura, crea condiciones externas a los países latinoamericanos que acentúan los costos económicos y sociales en que éstos deben incurrir para superar la crisis, y Mi) identificar algunas orientaciones y propuestas prioritarias para estimular la acción conjunta de América Latina para superar la crisis, particularmente, referida a los planos internacional y regional". Todo el informe está centrado en la tesis básica que sostiene que es necesario hacer frente a la crisis mediante una réplica regional, y en la convicción de que "es considerable la medida en que se podría incrementar el poder de negociación de los países latinoamericanos a través de una posición concertada sobre la base de un programa dé acción selectivo, con prioridades claras, y firmemente apoyado en la cooperación regional".

Luego de examinar las características y causas de la crisis económica mundial, señalar cómo ella se transmite a América Latina, describir y criticar eI enfoque desde el cual se intentó atacar el fenómeno de la crisis, y en particular el de la deuda, se propone un nuevo enfoque con respecto a la deuda externa. Para los autores .del informe, "una nueva aproximación a los problemas de la deuda de la región, basada en criterios de equidad y de mutualidad de intereses, debería tender hacía soluciones que garanticen una distribución internacional del ajuste más equitativa y una continuación del proceso de desarrollo de los países deudores, como forma de permitir la preservación del nivel de vida de los mismos y el fortalecimiento de su capacidad futura de pagos".

En concreto, se propone el establecimiento de un mecanismo que reúna las siguientes condiciones:

  • que contemple la creación de un procedimiento institucionalizado para la reestructuración de la deuda, quizás como un esfuerzo conjunto del FMI y del Banco Mundial;

  • que las reprogramaciones incluyan los vencimientos de varios años, estableciendo plazos de amortización más largos y, eventualmente, transformando una parte sustancial de la deuda de corto y mediano plazo de ciertos países en obligaciones de largo plazo;

  • que prevea el otorgamiento de recursos adicionales para atender al servicio de la deuda acumulada, y que permita mantener .la capacidad operativa de los países para administrar su comercio exterior;

  • que disminuya el costo del refinanciamiento, y

  • que facilite el acceso a créditos públicos adicionales para estimular el desarrollo económico."

Se encara, a continuación, la necesidad de reforzar la capacidad operativa de las organizaciones internacionales de financiamiento -con especial referencia al FMI, al BID y al BIRF- y la liquidez internacional, así como la necesidad de cambiar los criterios de condicionalidad del FMI.

Otras propuestas centrales del informe están relacionadas con la necesidad de encarar una acción regional coordinada en materia financiera. El planteo es el siguiente: "la diversidad y complejidad de las situaciones individuales en materia de endeudamiento externo no deberían impedir una amplia concertación de los países latinoamericanos para actuar conjuntamente en los foros internacionales y ante los gobiernos de los países acreedores en la búsqueda de soluciones de mutuo interés para enfrentar la presente coyuntura financiera de la región". Para ello se propone que se pase revista a las propuestas destinadas a lograr una solución para los graves problemas planteados por el endeudamiento externo y que se coordine una acción conjunta necesaria para que tales propuestas se puedan concretar; que se establezca un diálogo directo entre los gobiernos de los países acreedores y los dé los países latinoamericanos, actuando coordinadamente y, por último, que se cree un centro latinoamericano de información .sobre financiamiento externo, vinculado con ¡una o; más de las instituciones regionales existentes, a fin de acrecentar el conocimiento que los distintos países latinoamericanos tienen acerca de las condiciones en que operan las refinanciaciones y el mercado, financiero internacional. También se propone que dicho dentro este capacitado para asesorara los gobiernos que lo requieran en la administración y solución de los problemas generados por la deuda externa.

Con respecto a la cooperación e integración regionales, tras pasar revista a la evolución reciente de los procesos de integración, en la que se comprueba la pérdida de dinamismo del comercio regional, se examinan sus causas, se analiza el fenómeno de la crisis de los esquemas formales de integración y el surgimiento de nuevas formas de cooperación e integración, y se plantea la necesidad de un cambio significativo que consolide con firmeza una actitud preferencial hacia la cooperación regional. Es preciso, se agrega, revalorizar la región a fin de alcanzar tres objetivos fundamentales: "el uso más intenso de la abundante capacidad productiva ociosa o subutilizada que existe en la región; un aumento de la eficiencia derivada del aprovechamiento de las economías de escala, la que hoy ha sido severamente erosionada por la caída de la producción y, por último, una reducción del uso regional de divisas externas por unidad de producción".

A esta altura, el informe señala -y en mi opinión con mucho acierto-, cuál sería la alternativa a la no renovación de la vocación integradora como compromiso político por parte de los gobiernos. Se corre el riesgo, dice, de pagar un precio muy alto, ya que "a causa del carácter extremadamente desfavorable de la actual coyuntura internacional, las acciones unilaterales que los países pudiesen emprender para mejorar su inserción en el escenario económico internacional, podrían conducir a un ruinoso proceso competitivo entre los países de la región, a través, por ejemplo, de devaluaciones reiteradas o de cada vez mayores subsidios a la exportación". Volveremos sobre este tema más adelante.

¿Qué se propone? Lanzar un programa de; producción y Complementación en el nivel regional,-con instrumentos de promoción .y protección adecuados, que fomenten simultáneamente un proceso de integración más eficiente y un reparto más equitativo de los beneficios de éste entre todos los países de la región. Para ello se considera fundamental reafirmar las políticas latinoamericanas orientadas a lograr: a) la máxima complementación factible en la producción y el intercambio comercial, y en la utilización de servicios de transporte, seguros, tecnología, etcétera, sobre la base del principio de la preferencialidad latinoamericana y como medio para lograr un efectivo y eficiente proceso de sustitución de importaciones en el nivel regional; b) la iniciación de un proceso efectivo de articulación y coordinación institucional de los diversos organismos que operan en el campo de la integración y cooperación regionales a fin de dar cohesión y dirección a sus iniciativas y acciones, y c) la consolidación y profundización del poder de negociación de los países de la región para corregir así las asimetrías estructurales y coyunturales, en sus relaciones económicas externas, y defender eficazmente sus intereses comunes, junto a las demás regiones en desarrollo, ante otros países o agrupaciones de países.

A fin de lograr tales objetivos, el informe presenta propuestas concretas para acrecentar la cooperación regional en el ámbito del comercio y el financiamiento, en el de la producción y abastecimiento de alimentos y energía y en el desarrollo de los transportes; para fortalecer la cooperación con los países de menor desarrollo económico relativo y con otras regiones en desarrollo, y para articular adecuadamente las instituciones latinoamericanas vinculadas con los procesos de cooperación e integración regionales.

En el campo del comercio regional, las propuestas se orientan a evitar su continuo deterioro, al poner en marcha un sistema de consulta entre los funcionarios responsables del comercio exterior y acordar un compromiso de no innovar (stand still) en el nivel regional con respecto a las medidas restrictivas; a establecer una preferencia arancelaria regional que abarque a todos los países latinoamericanos y no sólo a los miembros de la ALÁDI; a encuadrar en una disciplina multilateral las acciones bilaterales necesarias, ya desarrollar una auténtica actitud preferencial latinoamericana de naturaleza global "que en las presentes circunstancias podría convertirse en un instrumento anticíclico fundamental para hacer frente a la caída de las exportaciones hacia afuera de la región y también permitir una reducción de las importaciones extrarregionales". Como campo prioritario para el desarrollo de tal actitud preferencial se presenta él de las compras estatales, especialmente en las grandes obras de infraestructura y en relación con los bienes de capital. Se indican luego sectores en los que es más factible evolucionar hacia nuevas modalidades de comercio regional, sobre la base de un intercambio compensado, y estos sectores son el de los alimentos y el de los combustibles. Y se propone avanzar hacia formas multilaterales de comercio compensado.

Tras efectuar propuestas relacionadas con la cooperación financiera en materia de alimentos, energía y transporte, y con la cooperación intralatinoamericana con Centroamérica y el Caribe, el informe aborda el tema de la falta de articulación del sistema institucional latinoamericano, proponiendo "la creación de algún tipo de mecanismo central que permita la adecuada coordinación y promoción, desde un elevado nivel político, de las actividades e iniciativas que se plantean en esta variedad de instituciones". (Se refiere a los organismos especializados regionales que actúan en América Latina.) Por último, se señala que conforme a sus mandatos originales, cabe al SELA asumir posiciones de orientación y coordinación de aquellas instituciones latinoamericanas que tengan un contenido de negociación, tanto en la concertación de posiciones comunes frente a terceros países cuanto en materia de integración y cooperación regionales.

El informe concluye con dos amplios capítulos referidos a la concertación regional ante los problemas del comercio internacional y la necesidad de una nueva modalidad de desarrollo.

c) La presentación del informe al Presidente Hurtado y a los gobiernos latinoamericanos, en Quito, mayo de 1983

El Presidente Hurtado se dirigió personalmente a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los países latinoamericanos, a fin de invitarlos a enviar representantes personales al acto de entrega del informe, para lo cual fijó la fecha del 16 de mayo de 1983. Sé previo, asimismo, que luego de recibir el informe, los representantes personales podrían mantener reuniones de trabajo, para lo cual se reservó el día 17.

El día 16 se realizó un acto solemne en el transcurso del cual los dos altos funcionarios internacionales hicieron entrega del informe al Presidente Hurtado, ante la presencia de representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno de 23 países latinoamericanos. A su vez, el Presidente Hurtado entregó a los respectivos representantes una copia del informe junto con una carta personal de su autoría dirigida a cada uno de los Jefes de Estado y de Gobierno.

Merece que se destaquen algunos conceptos del propio presidente Hurtado vertidos durante el acto de entrega, al poner énfasis en el tratamiento político :que requiere la crisis económica, que es lo que en definitiva le da sentido a toda su iniciativa, y también los de Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, cuando llega simultáneamente a la esencia política de la crisis y la iniciativa, al afirmar que es necesario evitar que la crisis recesiva, lleve a las economías latinoamericanas a puntos difíciles que resquebrajen la tolerancia política y social de las sociedades. Y agrega que "éste es el tema central sobre él cual el documento procura fincar su atención y no es por cierto desconociendo que se están haciendo muchas cosas, no es ignorando las angustias de los gobiernos para hacer frente a la crisis, sino apelando a la comprensión, y a la mutualidad de interés internacional, que les hará entender que realmente se requiere un esfuerzo renovado tanto en lo, interno como en lo internacional para complementar los pasos que venimos dando en este momento en América Latina".

En general, los representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno fueron a Quito, con una actitud expectante. No se conocía el informe, sólo se conocían sus orientaciones generales y que no habría sorpresas. Se sabía también que no había sido el producto de un trabajó, individual y aislado, sino que era el resultado de varias semanas de trabajo en equipo, con la participación de expertos de primer nivel pertenecientes a ambos organismos, intensas discusiones, e incluso consultas y sondeos en varias capitales. Algunos representantes tenían instrucciones de apoyar la iniciativa y su seguimiento, pero no debían comprometerse a algo concreto hasta tanto en las respectivas capitales no fuera analizado el informe en todas sus implicaciones técnicas, económicas y políticas.

Durante la tarde, y la noche del día 16, y luego durante buena parte del día 17, se celebraron intensas consultas informales y reuniones de trabajo formales. En las primeras, aprovechando los actos protocolares, tuvo una intensa participación el propio Presidente Hurtado, quien asumió claramente el liderazgo de su iniciativa, que se mantendría en todo el proceso que condujo, por último, a la Conferencia Económica Latinoamericana. El tacto y la habilidad del Presidente, así como la fuerza de sus convicciones, tuvieron un impacto sumamente favorable en muchos de los representantes. En los contactos formales fue el propio Canciller Valencia quien participó, y confirmó así la intención del gobierno ecuatoriano de desarrollar una activa gestión diplomática para impulsar la iniciativa que se había convertido en pieza central de su política exterior, sin perjuicio de sus claras implicaciones en la política interna del país.

Uno de los temas centrales de las conversaciones era el del; papel que le correspondía a la Conferencia Económica Latinoamericana. Había quienes la veían como la pieza central de la iniciativa. Otros consideraban que una conferencia- sólo podía ser el resultado de un proceso, y qué a ella había que llegar tras una preparación que garantizara que realmente iba a constituir un aporte-sustantivo al desarrollo de una estrategia latinoamericana de respuesta a la crisis. Quienes así pensaban temían que se antepusiera lo adjetivo a lo sustantivo, y qué; una vez más los países latinoamericanos aparecieran comprometiendo solemnemente principios y programas de acción qué nunca se incorporarían a la realidad. Se temía, en concreto, una especie de "gimnasia" de la cooperación multilateral regional que implicara pasar de reunión en reunión, cada vez en un mayor nivel político, dejando una secuela de compromisos sin cumplir. Detrás de este temor un poco exagerado y hasta quizás injusto,- estaba la preocupación de adicionar al estancamiento de la integración regional y el deterioro del comerció intralatinoamericano, el desgaste dé la diplomacia económica multilateral y de su institucionalización. Para comprender esta actitud tengamos en cuenta que durante 1983, los responsables de la diplomacia económica multilateral de los países latinoamericanos ya habían tenido que participar de la cumbre ministerial de Cartagena, preparatoria de la posición latinoamericana ante el Grupo de los 77 y luego ante la UNCTAD VI. Además, algunos habían tenido que participar (y prepararse para esa participación) de la cumbre del Movimiento de No Alineados de Nueva Delhi en la que el tema de la crisis' económica había sido el central. Todos tuvieron que asistir a la cumbre ministerial del Grupo de los 77 en Buenos Aires, se avecinaba una Conferencia Financiera Extraordinaria en el marcó del CIES de la OEA, convocada para septiembre por iniciativa del gobierno de Caracas y por cierto también se avecinaba la UNCTAD VI, que debía celebrarse en junio, en Belgrado. Durante el año se preveía, además, una reunión del Consejo de Ministros de la ALADI y el Consejo Latinoamericano del SELA tenía una agenda cargada por los compromisos asumidos el año anterior en materia de seguridad económica regional. Para este tema tan crucial, que resultara de la enorme experiencia que había acumulado América Latina en ocasión del conflicto de las Malvinas, se previo una reunión de expertos gubernamentales que aún no se había realizado. La agenda, entonces, estaba recargada, y muchos de los responsables gubernamentales tenían la impresión de qué era más densa de lo que permitía el tiempo disponible, la limitadísima infraestructura de apoyo, administrativa y técnica, con la que generalmente se cuenta en el nivel gubernamental nacional para estos asuntos, y la necesidad de atender todos los otros requerimientos derivados de compromisos subregionales y dé las respectivas diplomacias económicas bilaterales.

También estuvo presente en las conversaciones el tema del "club de deudores", que preocupa a los responsables de las áreas económicas y financieras de los respectivos gobiernos. Era claro que ninguno dé los protagonistas gubernamentales de la Conferencia de Quito consideraba seriamente esta posibilidad, especialmente si ella era entendida como una forma de repudio colectivo, ala deuda o de negociación colectiva de situaciones individuales. Pero en su mayor parte provenían dejas áreas políticas y diplomáticas de los respectivos gobiernos. Y el hecho de qué no consideraran tal alternativa como algo viable en esas circunstancias, no excluía que sé aceptara la posibilidad y la conveniencia de un tratamiento multilateral y conjuntó de la problemática planteada por la crisis y por el endeudamiento externo, y que no se reconociese que se estaba ante un problema común susceptible de algún tipo de acción conjunta. Se temía entonces que si se convocaba una Conferencia Económica Latinoamericana, predominarían las representaciones originadas en las áreas de economía y finanzas, y en algunos países tales, áreas no sólo no aceptaban la idea de un "club de deudores" sino que se negaban a aceptar un tratamiento multilateral y público del tema de la deuda, fuera de los ámbitos estrictamente financieros. En concreto se negaba el carácter político y, más aún, el carácter político internacional y regional del tema. A veces existía casi una obsesión por no hacer ni decir nada que pudiese parecer próximo a una concertación regional o a un tratamiento político del fenómeno.

La explicación está, probablemente, en la continua presión que recibían los negociadores financieros gubernamentales, de altos funcionarios de las administraciones financieras de los gobiernos acreedores .o de instituciones financieras internacionales, para mantener el tema de la deuda, en canales estrictamente bilaterales y apolíticos. Por ello se: pensaba que la convocatoria de una Conferencia Económica Latinoamericana, correría la misma suerte que el intento que había efectuado el Secretario Permanente del SELA de realizar, en ocasión de la Asamblea del BID que tuviera lugar en Panamá, una segunda reunión de Ministros de Finanzas de América Latina, o que, de realizarse, daría lugar a un tratamiento poco político del tema, lo que iría en contra del sentido de la iniciativa del Presidente Hurtado, e inclusive podría poner en evidencia una actitud de "sálvese quien pueda" en los gobiernos de la región, y esto era precisamente lo que la iniciativa trataba de evitar.

Por otra parte, algunas representaciones defendían claramente la posición -que inclusive en algunos casos era la resultante de consultas previas- de no apoyar ninguna idea que implicara crear nuevos organismos o replantear las competencias de los existentes, ya que se consideraba que el espectro de organismos era suficiente para cubrir todos los posibles campos de acción, y que cualquier idea de nuevas distribuciones de competencias o de coordinación institucionalizada podría alterar un equilibrio institucional regional pluralista, que se consideraba conveniente desde el punto de vista político, e inclusive desde el punto de vista de una sana competencia técnica entre los distintos organismos.

El clima de la reunión fue excelente. Contribuyó a ello, por cierto, la participación muy directa y personal del Presidente Hurtado y de su Canciller. También coadyuvó la conciencia que tenían los representantes gubernamentales de que se estaba encarando una situación internacional crítica, qué cuestionaba muchos valores e intereses vitales para los latinoamericanos. Y en mucho contribuyó al espíritu constructivo y de consenso que se logró, el afianzamiento del sentimiento de solidaridad latinoamericana generado como consecuencia del conflicto del Atlántico Sur, y que ya se había puesto de manifiesto en otros cónclaves multilaterales económicos regionales, como fueron el VIII Consejo Latinoamericano del SELA, en septiembre de 1982, y la reunión ministerial de Cartagena ya mencionada. Este espíritu se mantendría en todo el proceso preparatorio de la Conferencia de Quito, y también se observó luego, en la Conferencia Financiera de Caracas y en el IX Consejo Latinoamericano de septiembre de 1983.

Como resultado de la reunión se elaboró un acta en la que se reitera el apoyo de los gobiernos latinoamericanos a la "oportuna y acertada" iniciativa del Presidente Hurtado, y se le pide que continúe promoviendo su desarrollo. Este primer punto permitió otorgar un carácter claramente regional a lo que hasta entonces era la iniciativa de un solo gobierno, a pesar de las manifestaciones de apoyo que éste había recibido, y además se logró legitimar el futuro papel del propio Presidente Hurtado como impulsor de la iniciativa. Se entendía que en el futuro su participación personal iba a ser clave para mantener la vitalidad de la idea.

Lo mismo ocurrió con los organismos internacionales involucrados, ya que se expresó el reconocimiento al SELA y la CEPAL -es decir a los propios organismos-, por su valiosa contribución al análisis y tratamiento de los problemas económicos de América Latina, si bien, como era lógico esperar, no se abrió juicio sobre el contenido de la carta ni del informe. También se solicitó a los dos Secretarios que continuaran prestando su concurso y colaboración en el seguimiento de la iniciativa.

Desde el punto de vista práctico, el principal acuerdo logrado en esta reunión de Quito fue el de "señalar la conveniencia de que se celebre durante el mes de julio próximo una reunión de nivel similar al actual, a efectos de analizar las, propuestas del documento SELA-CEPAL, y otras que fueran pertinentes, y de acordar las acciones y procedimientos que requiere el esfuerzo conjunto de América Latina y el Caribe ante la grave crisis económica regional e internacional". Este texto fue el resultado de un compromiso para convocar a una Conferencia Económica Latinoamericana. No se menciona la Conferencia, pero se transfiere a la próxima reunión la responsabilidad de "acordar las acciones y procedimientos", que se requieren, o sea decidir si se convoca o no a una Conferencia o si se recurre a otras modalidades operativas. Tampoco se prejuzga si quienes asistirán a la siguiente reunión deben ser o no representantes de los presidentes, representantes de alto nivel u otra fórmula equivalente. Se utilizó la fórmula "una reunión de nivel similar al actual" para indicar que se trataría de una reunión a la que asistirían personalidades con capacidad cíe decisión, que no deberían consultar cada paso con sus capitales y que no se escudarían en la carencia de instrucciones. El hecho de que luego se sostuviera la idea de que fueran "representantes personales" de los presidentes facilitó mucho el desarrollo de las siguientes etapas del proceso preparatorio de la Conferencia de Quito ya que en todos los casos asistieron "interlocutores válidos", con nivel suficiente para comprometer a sus gobiernos.

Por último, se aceptó el ofrecimiento del gobierno dominicano para efectuar la reunión de julio en Santo Domingo. La idea era precisamente comprometer de manera directa a otros Jefes de Estado en la iniciativa, a fin de que ella no quedara asociada sólo a un Jefe de Estado y a un país. Se deseaba destacar la imagen latinoamericana de la iniciativa. El hecho de que esta idea estaba combinada con la de la participación personal del Presidente Hurtado quedó demostrado por el pedido que se le efectuó de que realizara las consultas necesarias para convocar a la reunión. Y en conversaciones informales se evidenció la conveniencia de que el Presidente Hurtado mantuviera el mayor contacto posible con sus colegas para el seguimiento de la iniciativa y sus distintas etapas, y que también asistiera a la reunión de Santo Domingo, cosa que efectivamente hizo.

c) El "Compromiso de Santo Domingo"

Entre; el 1º y el 3 de agosto de 1983 se realizó en Santo Domingo la reunión que había sido programada en Quito. Asistieron 26 países, y el nivel de los representantes personales de, los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina que asistieron puso de manifiesto el interés que despertaba y el apoyo político que se otorgaba a la iniciativa del Presidente Hurtado. En efecto, además de los Presidentes de la República Dominicana y de Ecuador, que inauguraron la reunión, catorce delegaciones estuvieron encabezadas por ministros o funcionarios de rango ministerial, cuatro por viceministros o rangos equivalentes, y las restantes por muy altos funcionarios o embajadores especiales.

Una vez más, la participación personal del Presidente Hurtado fue decisiva en la tónica de la reunión y en sus .resultados. En su discurso de la sesión inaugural, reiteró su concepto central de que la crisis económica de América Latina difícilmente podrá ser solucionada en el ámbito interno de cada país. Analizó la evolución más reciente de la economía mundial demostrando que la tendencia es al agravamiento de la situación, y mencionó como factor adicional del deterioro del cuadro general de la economía latinoamericana, las catástrofes naturales producidas por las inundaciones y la sequía, que han afectado a algunos de los países dé la región.

Planteó claramente la idea de la interdependencia entre el Norte y el Sur, tanto en las raíces y características de la crisis cuanto en sus soluciones q en el fracaso: "para bien o para mal, la humanidad navega una frágil nave que puede naufragar si no contribuimos todos a mantenerla a flote. Si los; países de América Latina no pueden pagar sus deudas, si la banca internacional no mantiene sus líneas de crédito, si los organismos multilaterales no modifican sus esquemas de cooperación y si los Estados Unidos, permanecen impasibles, esperanzados en los efectos de su recuperación, bien podemos terminar hundiéndonos todos". Y de inmediato clarificó una vez más el alcance de su iniciativa, y lo que ella "no es" cuando señaló que los países latinoamericanos se reunieron en Santo Domingo, no para constituir un "club de deudores", sino para discutir un Programa de Acción, que no está dirigido contra nadie sino más bien concebido en beneficio de todas las partes involucradas.

Contempla la antes mencionada preocupación de las respectivas conducciones económicas y financieras en algunos de los países deudores, cuando expresa que "si antes en Quito y ahora en Santo Domingo han sido convocados los representantes de los Jefes de Estado de la región, es porque hemos considerado que la crisis, interna y externamente, ha desbordado a quienes tienen a su cargo los asuntos económicos, para situarse en un nivel político. Ello no implica que en el interior de cada país y en el ámbito regional, prescindamos de los organismos especializados o de las instituciones técnicas correspondientes. Sino más bien, la imperiosa necesidad de que las más altas instancias de conducción política, tomen bajo su responsabilidad la discusión de las acciones que sean menester y el compromiso de llevarlas adelante".

La metodología: que presentó a continuación y los temas que privilegió para su tratamiento en el marco de la iniciativa, fueron prácticamente los que se aprobaron en la reunión de Santo Domingo y los que se aplicaron en el proceso qué condujo a la Conferencia de Quito. Por ello vale la pena hacer una referencia a sus principales elementos:

  • no realizar en la reunión, de Santo Domingo un análisis a fondo de cada una de las propuestas contenidas en el documento SELA-CEPAL o de las sugerencias que formulen los gobiernos;

  • establecer un listado selectivo de temas que configurarían la agenda de una posible Conferencia Económica Latinoamericana, entre los cuales sugiere: i) los problemas relativos al comercio exterior, a fin de mejorar el comercio intrarregional y situarlo al menos en los niveles correspondientes al año 1980, para lo cual será necesario establecer los mecanismos que sea menester a fin de organizar mejor el poder de negociación de, América Latina en el comercio internacional; ii) los medios necesarios para restablecer las corrientes financieras hacia América; Latina y el Caribe e incrementar el poder de negociación, deseada uno de los países, en las reprogramaciones, que hagan de los pagos de su deuda externa, todo ello a fin de obtener una adecuada disponibilidad de recursos por parte de la región, que garantice un crecimiento económico, por lo menos superior al de la población, y permita revertir la tendencia al deterioro económico que actualmente sufre América Latina, y iii) el problema del suministra de bienes esenciales, principalmente alimentos,, combustibles y servicios, de los que en la actualidad algunos países de la región no pueden, abastecerse;

  • la Conferencia sería la culminación de una serie de reuniones especializadas y de procesos de consulta que iniciarían los gobiernos con la colaboración dejos organismos especializados existentes en la región.

  • el reconocimiento de que la dirección de esté proceso preparatorio debería estar a cargo de los gobiernos, y

  • seguir contando con/el indispensable apoyo técnico de la CEPAL y del SELA, lo mismo que de todos los organismos regionales y subregionales, en sus respectivas áreas de competencia.

Estas sugerencias fueron tratadas en una larga conversación que el Presidente Hurtado mantuvo con los jefes de delegación en un almuerzo de trabajo que presidió, y que permitió lograr consenso en el enfoque y facilitó así el desarrollo de las reuniones formales de trabajo.

Para dirigir la reunión se formó una Mesa, que no sólo tuvo á su cargo las deliberaciones dé Santo Domingo sino que se constituyó en el mecanismo de seguimiento e impulsión de lo que allí se acordó y, en definitiva, de preparación de la Conferencia de Quito. Se puede afirmar que la idea de atribuirle a la Mesa de Santo Domingo el papel de promotora de la iniciativa del Presidente Hurtado fue un factor tan determinante para asegurar la realización de la Conferencia de Quitó como lo fuera el papel desempeñado por el propio Presidente y el Canciller de Ecuador. Se eligió Presidente de la Mesa al Canciller José Vega Imbert, de República Dominicana; Vicepresidentes a Fernando Berrocal Soto, Ministro de la Presidencia de Costa Rica; Manuel Ulloa Elias, Senador de la República del Perú y ex Primer Ministro y Ministro de Economía, y Neville Gallimore, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Jamaica. Al autor de esta nota le correspondió la responsabilidad de ser el Relator.

Durante los largos debates de los días 2 y 3 de agosto se fueron decantando las ideas acerca de los aspectos sustantivos y metodológicos, sobre la base de las sugerencias del Presidente Hurtado y del principio de consenso que se había logrado en el ya mencionado almuerzo de trabajo. Si bien en un primer momento se trabajó: sobre algunos borradores presentados por los representantes de los organismos regionales, y en particular por la Secretaría del SELA, la discusión final de lo qué luego sería el "Compromiso de Santo. Domingo" se centró en un borrador preparado por el Senador Ulloa.

Una vez aceptadas las áreas temáticas sugeridas por el Presidente Hurtado, las principales dificultades se presentaron en los temas o subtemas concretos que deberían ser tratados en los trabajos preparatorios y luego en la propia Conferencia. Entre los primeros borradores aportados por el SELA y lo que finalmente se incluyó en el Compromiso de Santo Domingo y, en particular, en el acta final a título "indicativo", se puede establecer la distancia entre lo que desde el punto de vista técnico podía ser deseable y lo que políticamente los gobiernos estaban en condiciones o con voluntad de aceptar. Inclusive, si la comparación se hiciera con lo que finalmente se aprobó en Quito, la distancia en relación con los temas financieros y el endeudamiento externo aparecería mucho mayor, y ello permitiría efectuar interesantes reflexiones acerca del margen dé maniobra real qué los gobiernos entienden tener, con razón o sin ella.

En este sentido, la reunión de Santo Domingo brindó una excelente oportunidad para observar cuánto se ha avanzado, y cuánto la realidad internacional circundante permitió y obligó a avanzar en la difícil tarea de lograr un consenso regional que sea algo más que un simple "mínimo común denominador". Los factores contextúales son fundamentales. Con anterioridad ya se mencionaron algunos como la influencia de la común percepción de la seriedad de la crisis y de la vivencia regional del fenómeno Malvinas, que demostraron la necesidad e importancia de la unidad regional.

Puede agregarse, con respecto a esta reunión, la influencia que tuvo la profunda sensación de frustración que dejara la UNCTAD VI realizada en Belgrado, en la que participaron activamente varios de los protagonistas de Santo Domingo, y donde no se logró eco alguno por parte de Estados Unidos y de los demás países industrializados a lo que se entendía era un planteamiento serio, equilibrado y racional del mundo en desarrollo, producto de una de las reuniones internacionales más fructíferas realizadas en los últimos años, como había sido la ministerial del Grupo de los 77, en Buenos Aires.

Esta experiencia inducía a "introvertirse", a profundizar en la región la búsqueda de alternativas y de apoyo a un enfoque que suponía descartar el espíritu de confrontación y, por el contrario, confiar en el diálogo, la negociación y la concertación como forma -quizá la única impuesta por la razón- de revertir una situación internacional que ya se entreveía como una invitación al caos y a la hecatombe. Tal como ocurriera con la gestación del "espíritu de Buenos Aires", el "espíritu de Santo Domingo'' y luego, el de Caracas (en ocasión de la; Conferencia Financiera de Caracas) es. producto de la profunda conciencia que han tenido los respectivos protagonistas de que, por sobre todas las cosas, lo fundamental es preservarla unidad de acción de los países en desarrollo (en el caso del Grupo de los 77) y de los latinoamericanos como el bien político más valioso disponible en un sistema internacional, en el que las grandes potencias adoptan actitudes orientadas más hacia el "congelamiento del poder mundial" (en la genial visión; de Araujo Castro, ex canciller del Brasil) que a su democratización. Una de las grandes paradojas contemporáneas es, quizá que las grandes potencias de Occidente que más han evolucionado en su democracia interna son las que en la práctica se oponen con mayor fuerza a una democratización del sistema internacional. Tal vez pueda; aventurarse la hipótesis de que esto es así porque una democratización del sistema internacional supondría que esas potencias deberían efectuar el ajuste económico al que actualmente se resisten para no poner en riesgo su propia vida democrática interna.

Pero también son fundamentales los factores personales. Así como el espíritu de confrontación requiere personalidades y retóricas adecuadas, el espíritu de concertación también necesita personalidades y retóricas adaptadas al diálogo, a la comprensión; dispuestas a acortar distancias, a buscar casi tozudamente los puntos que unen y a desechar los que dividen. Aquellos que desde hace tiempo nos hemos dedicado al tema de la integración, que por excelencia supone el diálogo y la concertación, asociamos este tipo de personas y este espíritu a lo que significó para la Europa contemporánea Jean Monnet, o para América Latina y el mundo en desarrollo, Raúl Prebisch. En el plano internacional, este tipo de personas y de espíritus corresponde a lo que se puede definir como "personalidad democrática", frente a la "personalidad autoritaria". No significa debilidad en las ideas o en las convicciones; por el contrario, supone ideas y convicciones fuertes, pero un estilo y una actitud que implican el respeto por las ideas contrapuestas, saber escuchar y, en última instancia, saber transigir. En Santo Domingo, el peso de algunas de estas personalidades contribuyó decididamente a lo que con acierto se denominó "Compromiso", o quizás inconscientemente pronunciaron esta palabra haciendo alusión al doble sentido que se le puede atribuir.

Existían condiciones objetivas que impulsaban a la búsqueda del consenso; es decir; del compromiso. Los factores personales contribuyeron a que tales condiciones fueran aprovechadas. No siempre ocurre así, ni internamente en nuestros países, ni en lo regional.

El "Compromiso de Santo Domingo" fue el resultado principal de la reunión. Retoma elementos esenciales del planteamiento latinoamericano en Cartagena, que luego se volcarían al del Grupo de los 77 en Buenos Aires, así como los del informe SELA-CEPAL. Lo esencial del "Compromiso" es que los países latinoamericanos hayan considerado impostergable "comprometer toda su voluntad política, a fin de impulsar acciones y procedimientos que requieren el esfuerzo conjunto ante la grave crisis económica regional e internacional. Esas acciones estarán destinadas a mejorar sustancialmente las injustas condiciones internacionales prevalecientes en los campos del financiamiento y del comercio, así como a fortalecer al máximo la cooperación e integración regionales. Sólo así será posible contrarrestar los efectos de la adversa coyuntura internacional sobre las economías de la región".

Quedó consagrada así la idea política de movilizar las energías, los recursos, los mercados y las instituciones latinoamericanas para enfrentar la crisis. La crisis es definida como el "enemigo". La esencia del compromiso consiste en buscar los medios que permitan explotar el potencial de acción conjunta, revirtiendo una tendencia a la acción aislada o, lo que es peor, a una acción unilateral o bilateral que, reflejo de un instinto de supervivencia ("sálvese quien pueda"), conduce en mayor medida al agravamiento de la crisis que a su superación. Tal, por ejemplo, sería el caso de que al querer todos los países exportar y reducir sus importaciones, incluso en el ámbito regional, se hubiera producido un marcado deterioro del comercio intrarregional. El compromiso se orienta, entonces, a revertir una fuerte tendencia a agudizar la crisis a través de las políticas comerciales de cada uno de nuestros países hacia la región, y transformarla en una tendencia a recurrir a la región, sus mercados y sus recursos para enfrentar la crisis y superarla. Desde esta perspectiva, resultaba claro que el tema de la, deuda externa debía ser un tema central, pero no él eje de todo el planteo. Éste debía ser cómo retomar el camino del desarrollo económico de cada uno de nuestros países, sacando para ello fuerza de la adversidad a fin de explotar el enorme potencial de cooperación regional existente.

A partir de este compromiso político central se consideró urgente adoptar acciones inmediatas y la realización de estudios técnicos y consultas políticas, orientados a la adopción de un plan de acción conjunta frente a la emergencia económica que vive la región. Se determinó que ese plan se concentraría prioritariamente en la promoción y fortalecimiento de la cooperación y la integración regionales; en el estimulo del comercio intrarregional; en el suministro de alimentos, combustibles y servicios, y en los problemas financieros y monetarios internacionales. En las tareas preparatorias del plan, se aceptó considerar como documento de trabajo el informe SELA-CEPAL. Es que, como se dijo antes, la reunión no entro a examinar las propuestas concretas contenidas en el informe. Se lo reconoce como documento de trabajo, sin perjuicio de los que puedan presentar los gobiernos o que se encomiendan a otros organismos latinoamericanos.

Luego se establece una distinción entre las acciones inmediatas que se desarrollen en el marco de los organismos existentes y en los próximos foros económicos y financieros internacionales y regionales, y las que conformarán el plan de acción. Las primeras se deberían inspirar en el "Compromiso", y se referirían a las que pudieran surgir de la Conferencia Financiera de Caracas, prevista para septiembre; del Consejo Latinoamericano del SELA, que también estaba previsto para septiembre; y entre otras reuniones; las de los Presidentes de los Bancos Centrales Latinoamericanos y las Asambleas Anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, también previstas para septiembre. En todas ellas, el tema central para los países latinoamericanos sería la crisis económica. Las segundas debían ser consideradas y formalizadas en una Conferencia Económica Latinoamericana "a celebrarse en la ciudad de Quito, preferentemente en el curso del presente año, la cual será, convocada por el Gobierno de Ecuador, en consulta con los demás gobiernos de América Latina y el Caribe, a la luz de los avances del proceso de preparación de la misma''. Ésta también fue una fórmula de compromiso. Se, aceptó, la idea de la Conferencia, con fecha tentativa, pero concibiéndola corno la resultante de un proceso y sujeta su realización a los avances que en él se logren.

Otro aspecto procesal importante del "Compromiso de Santo Domingo" fue prever la participación de todos los organismos regionales en el proceso de preparación del plan de acción y de la Conferencia. Hasta entonces, tal participación se había centrado en el SELA y la CEPAL, sin perjuicio de las consultas que éstos hubieren efectuado con los otros organismos. Una ausencia significativa había sido, hasta el momento, la de la Secretaría de la ALADI, confirmándose así una tendencia incomprensible a la "subregionalización" de un organismo que en su reforma de 1980 había sido concebido con una amplia vocación "regional" como el eje del proceso de preferencialidad económica latinoamericana, y natural, complemento de la acción del SELA. En cierta oportunidad sostuve que el SELA, la ALADI y la OLADE debían ser los tres pilares complementarios del esquema institucional de la interdependencia latinoamericana en el nivel regional. Tengo la impresión de que, inclusive contra la voluntad de los países miembros, la ALADI ha ido perdiendo terreno en este esquema, y de alguna manera ello se refleja en los resultados de la Conferencia de Quito. De hecho, la Secretaría de la ALADI tuvo una participación muy marginal len las reuniones, que siguieron a la etapa preparatoria. En el "Compromiso" se resolvió encomendar a la Secretaria Permenente del SELA y a la Secretaría de la CEPAL, así como a todos los organismos regionales, subregionales y especializados pertinentes, dentro de sus competencias y posibilidades, que concentren su inmediata labor técnica en la elaboración de estudios y recopilación de antecedentes vinculados con los campos prioritarios acordados. Sin embargo, en el siguiente párrafo se observa la preocupación por evitar toda idea de nuevos mecanismos o redistribuciones de hecho o de derecho de competencias ya otorgadas a los existentes, especialmente en materia de comercio preferencial: "Las conclusiones de la Conferencia. Económica Latinoamericana serán canalizadas para su ejecución, cuando así corresponda, a. los organismos regionales, subregionales y especializados existentes, en el marco de sus disposiciones jurídicas y mecanismos institucionales".

Siempre en lo procesal, el "Compromiso" incluye otros tres elementos finales: i) solicitar a los integrantes de la Mesa de la Reunión que asuman las funciones de seguimiento de la aplicación del "Compromiso" y de preparación de la Conferencia Económica Latinoamericana, con el asesoramiento de las Secretarías del SELA y de la CEPAL y de otros organismos latinoamericanos que se considere necesario invitar; ii) encomendar a los gobiernos de Ecuador y de la República Dominicana que den a conocer, los resultados de la reunión a los gobiernos que no hubieran estado representados en ella y a los organismos regionales y subregionales latinoamericanos y iii) solicitar a ambos gobiernos que requieran del. Consejo Latinoamericano la inclusión en la agenda de su próxima reunión -a realizarse en septiembre de un nuevo tema para considerar las acciones que coadyuven a la ejecución del Compromiso de Santo Domingo.

El otro documento que surge de la reunión de Santo Domingo es la relataría o acta final, de la cual el "Compromiso" fue uno de los anexos. En ella queda más clara aún la idea de que la Conferencia debería ser "la culminación del proceso de movilización regional frente a la crisis". Pero lo más importante es que se incluye en la relataría una lista "indicativa, no exhaustiva, de temas que deberán ser objeto de una consideración especial en las tareas preparatorias de la Conferencia, por parte de los organismos competentes". El hecho de incluir esta, lista en la relataría fue el resultado de un entendimiento previo al que se llegó, como consecuencia de, que algunos: representantes, por falta de asesores técnicos en sus delegaciones, en ese momento no se consideraban en condiciones de comprometerse en aspectos tan específicos de una agenda de trabajo. Quizá contribuyó a ello que los primeros borradores de la agenda detallada contenían puntos formulados de tal manera que difícilmente hubieran sido aprobados, aun si hubiese existido el debido "asesoramiento técnico".

La habilidad y rapidez de algunos de los representantes y de la presidencia permitieron, finalmente, lograr consenso en torno a una "lista indicativa" que figuraría en la relatoria y que no tenía el alcance dé la lista original, en: particular en relación con los problemas del endeudamiento externo.

Al concluir la reunión de mayo en Quito, el saldó era que una iniciativa ecuatoriana se había transformado en iniciativa latinoameriacana, y se había legitimado tanto el papel motor desempeñado por el Presidente Hurtado, cuanto el papel técnico y generador de ideas del SELA y de la CEPAL. Al concluir la reunión dé Santo Domingo, sé puede señalar como saldo el de la latinoamericanización de la conducción de la iniciativa, a través de la institucionalización de la Mesa y, más importante aún, el de la latinoamericanización del enfoque conceptual, a través del "Compromiso", de la agenda y. de la lista tentativa. En relación con ellos, el informe SELA-CEPAL había actuado como: detonante, como provocador de ideas y enfoques. A partir de Santo Domingo, el eje de la iniciativa no es más el informe de los organismos sino la posición de los gobiernos. Cabe reconocer aquí que esto también es producto de la clara comprensión que tuvieron los responsables de los dos organismos acerca de los límites que tenían para desarrollar su acción y lo fundamental que era que los gobiernos se sintieran los verdaderos protagonistas de la iniciativa. Ésta experiencia debe servir, por contraste con similares experiencias del decenio de 1960, para ilustrar cuál es el tipo de relacionamiento que conviene que se produzca entre organismos internacionales y gobiernos si es que se desea alcanzar efectividad en la acción. Esto es: particularmente válido cuando la acción de los organismos internacionales, a través de sus ideas y de sus propuestas, incide o puede incidir en las relaciones exteriores de los gobiernos, en la posición relativa de poder de un país en el mundo o en la región; en fin, en la forma en que el poder esta distribuido dentro de la región o en una subregión en particular.

e) La etapa final de la preparación de la Conferencia. Caracas, San José y otros pasos hacia Quito

A partir de Santo Domingo, y aun cuando no se hubiera fijado la fecha definitiva de la Conferencia, ya se sabía con certeza que ella se realizaría y que la fecha probable sería en noviembre de 1983; En las decisiones que a partir de allí se adoptan, desempeña un papel fundamental la Mesa de Santo Domingo y en particular su, Presidente, el Canciller Vega lmbert junto con el embajador Eduardo Santos Alvité, a quien el Presidente Hurtado le había encomendado que se hiciera cargo de la organización de la Conferencia. Desde el punto de vista técnico, los intensos trabajos y gestiones que se efectuaron corrieron por cuenta de los Secretarios de la CEPAL y del SELA junto a algunos de sus principales colaboradores.

La Mesa celebró tres reuniones antes de la de Quito. La primera fue en Caracas, en ocasión del Noveno Consejo Latinoamericano del SELA, del 18 al 20 de septiembre. En ella se fijó la fecha de la Conferencia Económica Latinoamericana, que teniendo en cuenta la de la Cumbre del Commonwealth en Nueva Delhi, prevista para fines de noviembre y que impedía que los países del Caribe inglés pudieran acudir en tal oportunidad a Quito, y considerando además el calendario electoral de la Argentina, Venezuela y el Ecuador, finalmente se estableció del 9 al 14 de enero de 1984. Se decidió, además, que estaría presidida de una última reunión de la Mesa, que duraría dos días, pero abierta a todos los países interesados en asistir. Luego se aprobó recomendar como agenda de la Conferencia, a fin de que el Presidente Hurtado la consultara con los demás Jefes de Estado, la siguiente: 1. Análisis de la situación económica internacional y regional y sus perspectivas; 2. Formulación de un Plan de Acción Latinoamericano para hacer frente a la emergencia de la región, con especial énfasis en los siguientes temas: a) promoción y fortalecimiento de la integración y cooperación regionales; b) estímulo del comercio intrarregional; c) suministro de alimentos, combustibles y servicios, y d) problemas financieros y monetarios internacionales; 3. Recomendaciones y medidas para la ejecución del Plan de Acción. También se estableció el nivel de la Conferencia, y se tuvo en cuenta que debía tratarse de una instancia política para formular un programa de acción conjunto de América Latina frente a la crisis. Se decidió que la Conferencia tendría una etapa previa en el nivel de altos funcionarios gubernamentales y luego sesionaría en el nivel ministerial de los representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe. Ya para ese momento se conocía la intención del Presidente Hurtado de invitar a Quito a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de la Mesa. Sobre la base de estas recomendaciones, el presidente Hurtado procedió a cursar en octubre las invitaciones a la Conferencia.

También en Caracas, en esa ocasión, se informó al Consejo Latinoamericano sobre la iniciativa del presidente Hurtado y sobre lo actuado a partir de ella. El Consejo aprobó la resolución, respaldó lo hecho hasta ese momento y apoyó la convocatoria de la Conferencia Económica Latinoamericana. Se completaba así el proceso de formalización y legitimación institucional de la iniciativa y de la participación de los organismos regionales en ella.

Los organismos regionales y subregionales de cooperación e integración de América Latina se habían reunido en su IV Reunión en el marco del SELA, durante los días 22 a 24 de agosto, en Antigua, Guatemala, y allí habían adoptado un cronograma y un organigrama de sus trabajos de apoyo a la preparación del Plan de Acción, respondiendo a la exhortación que se les había efectuado en Santo Domingo. La idea había sido, precisamente, dar una activa participación a todos los organismos en la elaboración del Plan de Acción, al recoger su amplia experiencia en lo que serían los temas de la Conferencia. En Caracas, la Mesa se reunió con los directivos de casi todos los organismos especializados de la región, y ellos tuvieron, a continuación, su propia sesión de trabajo. Resultó, así, la determinación de un conjunto de prioridades sobre cada uno de los cuatro temas del proyecto de agenda, y se acordó que para recibir las propuestas elaboradas por los distintos organismos, la Mesa o Comité Preparatorio de la Conferencia se reuniría con ellos durante el mes de noviembre, en San José de Costa Rica.

La segunda reunión de la Mesa tuvo lugar en San José de Costa Rica, del 4 al 5 de noviembre. Además de los integrantes de la Mesa, participaron representantes de otros países interesados en seguir los trabajos preparatorios, ya que se le había dado a la reunión un carácter abierto. Y los Secretarios y otros altos funcionarios de los organismos invitados asistieron a brindar su colaboración. Por el SELA participó su nuevo Secretario Permanente, Sebastián Alegrett. La finalidad de la reunión fue escuchar las propuestas concretas que habían elaborado: los distintos organismos; contándose también con papeles de referencia de la Secretaría del SELA y la CEPAL. Todas las propuestas que emergieron de esa reunión fueron transmitidas al gobierno de Ecuador, para que con la asistencia del SELA y la CEPAL preparara el primer borrador de un Plan de Acción. Además; se acordó un ayuda-memoria de la Mesa acerca de las actividades a desarrollar hasta Quito y del desarrollo de la Conferencia.

En los días siguientes a la reunión de San José, se trabajó en Quito en la preparación de lo que se denominó "Guía para la consideración de la Agenda de la Conferencia Económica Latinoamericana", con la sugerencia de los elementos que podrían ser incluidos en el Plan de Acción de Quitó. Esta Guía fue presentada por el Canciller del Ecuador a sus colegas latinoamericanos el 15 de noviembre, en ocasión de la Asamblea de la OEA, en Washington, durante un desayuno de trabajo destinado a explicar el estado de los trabajos preparatorios de la Conferencia y a asegurar un alto nivel político en la representación de los países que acudirían a Quito. Con la misma finalidad se organizó una misión integrada por el embajador Santos Alvite -organizador de la Conferencia por el gobierno de Ecuador -Enrique Iglesias y Sebastián Alegrett, que viajaría a Buenos Aires y a Brasilia para conversar con los respectivos gobiernos, y en el primer caso con las autoridades recientemente electas. Finalmente, el 11 de diciembre, en ocasión de la asunción del gobierno por el Presidente Alfonsín, se realizo una reunión informal de la Mesa en Buenos Aires. Culminaban así los trabajos preparatorios, y a partir de allí la acción se trasladó a Quito, sede de la Conferencia.

Los resultados de la Conferencia Económica Latinoamericana de Quito

Ya hemos mencionado el alto nivel político que tuvo finalmente la Conferencia de Quito. Ello le da una trascendencia particular a la "Declaración de Quito", que fue uno de los dos instrumentos finales de la reunión. Es la expresión autorizada del pensamiento gubernamental latinoamericano con respecto a los serios problemas que ha ocasionado la crisis económica internacional. Por su naturaleza tiene un alto valor político, y no pretende, ni podría hacerlo, tener valor jurídico.

También es un texto de compromiso entre distintas posiciones y puntos de vista nacionales sobre los problemas objeto de la convocatoria de Quito, y esas posiciones quedan reflejadas en los diversos enfoques y matices que caracterizan a, los discursos políticos pronunciados en Quito. Si lo comparamos con la Declaración de Cartagena antes citada, con el propio Compromiso de Santo Domingo o con las Bases de Entendimiento de Caracas no encontraremos elementos sustantivamente nuevos en relación con el problema del endeudamiento externo. Hay, sí, una ciara advertencia sobre las consecuencias que acarrearía no atacar los problemas de fondo planteados por la deuda externa sobre la base del principio de corresponsabilidad y de distribución equitativa del ajuste. Y ésta advertencia fue formulada de la siguiente manera: "La actitud de los gobiernos de América Latina y del, Caribe, al reconocer y asumir sus obligaciones, reclama de parte de los gobiernos de los países acreedores, de los organismos financieros Internacionales y de la banca privada internacional, una actitud de corresponsabilidad en la solución del problema de la deuda externa teniendo en cuenta, además, sus implicaciones políticas y sociales. En consecuencia, se requieren criterios "flexibles y realistas para la renegociación de la deuda, incluyendo plazos, períodos de gracia y tasas de interés, compatibles con la recuperación del crecimiento económico. Sólo de esta forma podrá garantizarse la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda".

Es indudable que esta categórica afirmación, leída en el contexto de la Declaración y de los problemas y principios que allí se plantean, no puede ser considerada como una advertencia sino más bien como una simple comprobación de una situación táctica, y es quizás en esa comprobación donde reside la fuerza y la dramaticidad de la argumentación latinoamericana frente a los gobiernos de los países acreedores y frente a sus instituciones financieras. Este mensaje -para mí lo mas sustancial de la Declaración-, se reafirma, al final, cuando se dice: "Hacemos un Mamado formal a los dirigentes de los países industrializados sobre la gravedad' de la situación económica de la región, su alto costo social y la necesidad de participar urgentemente en medidas que permitan enfrentar la crisis, directamente a través de sus gobiernos y de los organismos internacionales". Estos párrafos me recuerdan los comentarios escuchados mas de una vez en conversaciones con ellos funcionarios de países industrializados y acreedores, en Belgrado, en Caracas ye n otras ocasiones en que se han efectuado reuniones internacionales, inclusive en reuniones bilaterales, en el sentido de que si finalmente se cumplen los sombríos pronósticos sobre la evolución del cuadro político y social latinoamericano, de no mediar un cambio sustancial del actitud y de políticas por parte del mundo industrializado, lo único que no podrá decirse es que no se les advirtió a tiempo de la situación.

Sin duda, la declaración tiene fuerza cuando se refiere a la dimensión internacional de la crisis y de la respuesta latinoamericana, inclusive, al comienzo incursiona en la reafirmación, de principios básicos de política internacional y en la fijación de posiciones con respecto a los problemas de Centroamérica. Sin embargo, carece de la mima furaza cuando se refiere a ala dimisión regional de la respuesta latinoamericana. No pasa de referencias muy genéricas a la unidad regional, a la integración y a la cooperación económica. Esto también se observa en algunos de los principales discursos pronunciados en Quito. De alguna manera, esta marcada debilidad de la declaración significa una contradicción en la tesis básica que surge del informe SELA- CEPAL en el sentido de que es a través de la movilización de las energías y los recursos regionales que América Latina encontrará la base de su respuesta a la crisis y a la sustentación de un nuevo esfuerzo de desarrollo. Podría agregar que la necesaria convergencia externa de la región solo se puede sustentar sólidamente en una intensa convergencia interna, lo que significa básicamente alterar la actual tendencia al deterioro del comercio intralatinoamericano y al debilitamiento "in extremis" de la cooperación de integración económica regionales. En Quito se perdió la oportunidad de darle fuerza política a un cambio radical de ciclo en las relaciones de cooperación económica intralatinoamericana. Sin embargo, como veremos enseguida, en el plan de acción la dimensión regional adquiere una fuerza que no tiene en la declaración. Se puede suponer, entonces, que la falta de equilibrio que tiene la declaración entre la dimensión internacional y la regional no responden a una falta de voluntad política con respecto a la última, sino a que los dos textos se trabajaron de manera separada, siendo el primero de ellos el fiel reflejo de lo que, en el mayor nivel político, se presenta como mas angustiante y prioritario. Pero parece fundamental que el equilibrio se logre en la ejecución del plan de acción.

El plan de acción- segundo instrumento resultante de la reunión de Quito-, contiene los compromisos y medidas través de los cuales, en el plano internacional y en el regional, los países latinoamericanos entienden que podrán articular una respuesta a los desafíos que plantea la crisis económica mundial. Como bien lo señala la propia Declaración "hemos acordado una respuesta que encierra desafíos y promesas. Su ejecución está obviamente subordinada a la eficiencia de nuestra capacidad negociadora y a la seriedad con que las instituciones y organismos regionales y subregionales cumplan los encargos que aquí le hacemos". Si bien hay reenvío de responsabilidad a los organismos, éstos en definitiva son los que los gobiernos quieren. Es decir que serán los propios gobiernos los que en el seno de los organismos pondrán de manifiesto su voluntad y capacidad real de llevar adelante la estrategia acordada. El plan de acción se encuentra precedido por el siguiente párrafo: "el plan de acción que aparece a continuación en lo que se refiere a la cooperación intrarregional, constituye un conjunto equilibrado de compromisos y medidas, tanto en su formulación como en su aplicación práctica y s concordante con el tratamiento diferencial en función del grado de desarrollo económico de los países y tiene el propósito de fortalecer la cooperación y el desarrollo de la región. La pronta ejecución de cualquiera de estas medidas contribuirá eficazmente a la realización de las restantes". El mensaje es claro, en cuanto vincula el desarrollo y la aplicación de cualquier medida con los de las restantes. Resulta difícil entender la razón de ser de este párrafo inicial en un texto que no constituye, ni pretende constituir, un compromiso jurídico, y que, por lo tanto debería haber mantenido la altura y el estilo de un compromiso político. La impresión que un observador tiene es la de un mensaje planteado en los términos de "te daré esto si me das aquello". Esto que es natural en ciertos enfoques negociadores no parece congruente con el esfuerzo de movilización internacional al que convocan Santo Domingo y luego la propia declaración de Quito, y con la realidad de que en definitiva las negociaciones para alcanzar el equilibrio y la reciprocidad de intereses que sustenten la acción común se desarrollarán en los otros foros apropiados, tampoco parece tener sentido la declaración sobre los distintos grados de desarrollo de los países, ya que el principio y sus consecuencias prácticas están firmemente establecidos en los instrumentos jurídicos y en los marcos institucionales con los que se actuará en definitiva. En mi opinión refleja una concepción de la diplomacia económica multilateral latinoamericana que predominó durante mucho tiempo, que explica tantos fracasos y que debería estar superada.

El plan comprende compromisos y medidas en 5 campos: a) el del financiamiento a su vez con secciones referidas a la deuda externa, y que incluyen tantos criterios básicos cuanto el intercambio de información y de asistencia técnica; mecanismos de apoyo a la expansión del comercio intrarregional, con secciones que se refieren al fortalecimiento de los mecanismos de compensación, y los mecanismos de apoyo financiero al comercio intrarregional: relaciones económicas internacionales con secciones que tratan el sistema monetario y financiero internacional, el comercio y el financiamiento del desarrollo: b) el del comercio con secciones referidas al compromiso sobre restricciones no arancelarias ala comercio intralatinoamericano; al incremento del intercambio de bienes y servicios entre los países latinoamericanos y del Caribe, a su vez con subsecciones sobre preferencia arancelaria regional latinoamericana, negociaciones comerciales, compras estatales, medidas proteccionistas y discriminatorias aplicadas a las exportaciones latinoamericanas y el intercambio compensado y acuerdos de complementación económica; y a las acciones para promover el comercio intrarregional; c) el de la seguridad alimentaria regional; d) el de la cooperación energética y e) el de los servicios. [1]

Se trata, en realidad, de una verdadera hoja de ruta para la acción latinoamericana en los campos mencionados, que en algunos casos contiene compromisos políticos muy precisos - por ejemplo, en materia de comercio intrarregional - pero cuya efectividad dependerá de los pasos siguientes que se adopten. Se podría decir que el plan de acción no significa en sí mismo un cambio en la tendencia de la cooperación regional o del tratamiento de los problemas financieros y del endeudamiento, pero si es aplicado con la misma energía y voluntad con que fuera formulado tiene todo el potencial para introducir una innovación profunda en el panorama actual. Muchos de los elementos del plan ya existían e inclusive no es mucho lo novedoso. Sin embargo, hay que recordar que el sentido de toda la iniciativa del Presidente Hurtado y luego del Compromiso de Santo Domingo, no era tanto el de inventar nuevas fórmulas cuanto el de darle a los elementos potenciales y desperdigados ya existentes para la acción conjunta latinoamericana, toda la coherencia y el respaldo político que las circunstancias críticas requieren. Siempre se encaró el ejercicio diplomático y político que conducía a Quito como una forma de dinamizar energías latentes e impulsarlas a favor de la necesidad de revertir un ciclo depresivo de la economía y de la cooperación latinoamericana y de iniciar un nuevo ciclo en el que el "factor latinoamericano" se transforme en el factor dinámico por excelencia del desarrollo nacional de cada uno de nuestros países.

Entiendo que Quito ha cumplido en tal sentido su objetivo. Se podría haber ido más lejos, y siempre pensé que ésta esta una excelente oportunidad para formalizar en el más alto nivel político un verdadero pacto de "compre latinoamericano", que significara el compromiso de nuestros países, en particular aquellos de mayor potencial económico, de formular y aplicar, conforme a sus propios instrumentos, una política de estímulo real a las importaciones de bienes y de servicios de la región. Un pacto de esta naturaleza permitiría a cada país poner de manifiesto su verdadera disposición para desarrollar una actitud preferencial hacia América Latina en sus compras externas. Los eventuales desequilibrios que se podrían producir como consecuencia de la disparidad de políticas entre países de dimensión económica similar se corregirían luego en instancias bilaterales y multilaterales. Pero con lo pactado en Quito puede ser suficiente para obtener resultados significativos en el corto y mediano plazo. Están la "hoja de ruta", la voluntad política, el marco jurídico e institucional. Y por sobre todo está la necesidad.

Por ello es tan fundamental que nos interroguemos ahora acerca de los pasos siguientes, ya que desde el comienzo quedó claro entre los protagonistas de este proceso que la Conferencia no era ni podía ser un fin en sí misma. Era y debía ser una instancia política para formalizar un plan de acción y a partir de allí actuar.

Los próximos pasos

Señalamos al principio que la Conferencia Económica Latinoamericana no podía ser encarada como un hecho político aislado, y que sus resultados se debían insertar en el contexto de los esfuerzos que en distintos planos en el contexto de los esfuerzos que en distintos planos desarrollaban o podían desarrollar los países latinoamericanos para hacer frente a la mas angustiante y dramática crisis económica que los ha afectado en los últimos decenios. Y sosteníamos que solo en la medida en que se alcanzara un grado satisfactorio de coherencia entre estos distintos planos, tales acciones y las que emergieran de Quito serían efectivas y eficaces. Es decir que penetrarían en la realidad y lograrían los objetivos buscados por sus autores.

¿Cuáles son los distintos planos a que nos referimos? En primer lugar, el de las acciones unilaterales que forman parte de las respectivas políticas económicas externas, tanto en lo financiero cuanto en lo comercial. Se trata de las acciones y medidas que ponen en práctica los distintos países para refinanciar o reprogramar sus respectivas deudas, o para encarar los problemas de su sector externo; es decir, aquellas que hacen a sus paridades cambiarias o al nivel de sus importaciones y exportaciones.

En segundo lugar están las bilaterales, que se refieren tanto a las extrarregionales - en particular aquellas relacionadas con las administración de su endeudamiento con los países industrializados y sus instituciones financieras, y con las instituciones financieras internacionales - cuanto a las regionales, que se relacionan con la necesidad de expandir las exportaciones hacia América Latina y con la posibilidad de sustituir importaciones de origen extrarregional a fin de ahorrar el uso de divisas fuertes.

En tercer lugar encontramos las acciones multilaterales de carácter global o internacional, que son aquellas que se desarrollan en el marco de la diplomacia económica multilateral de la UNCTAD, el GATT, el FMI y el Grupo de los 77, las multilaterales de carácter interamericano, es decir, las que surgen de la Conferencia Financiera de Caracas y que dan lugar a las "Bases para un Endeudamiento" de Caracas, y a la constitución y funcionamiento de la Comisión sobre Financiamiento y Comercio que, a instancias de la Conferencia de: Caracas, crea en Asunción el CÍES, y que celebra su; primera reunión de trabajo en enero de 1984, en Lima, para concluir sus trabajos con recomendaciones concretas, a fines de marzo; y por último, las multilaterales de carácter regional, tales como las de Quito, y las que se desarrollan, entre otros ámbitos, en el SELA y en la ALADI.

Éstos son distintos circuitos a través de los cuales se canaliza la acción de los gobiernos latinoamericanos en la presente emergencia. La experiencia reciente, y quizá también la no tan reciente, indica que por lo general no hay conexión entre lo que se plantea en un circuito y lo que ocurre o se plantea en los otros. A veces no sólo no existe conexión sino que se observa una abierta contradicción. La distancia que separa las realidades de losados primeros circuitos de las del tercero suele ser enorme. Es casi la distancia que existe, en la vida económica y política de nuestros países, entre la retórica y los comportamientos concretos, entre teoría y realidad. Esto ha conducido á una desvalorización del circuito multilateral y a una pérdida de credibilidad ante los operadores económicos, que terminan porno tomarlo en consideración.

Con la crisis y el fenómeno del endeudamiento externo, la desconexión y aun la contradicción entre los distintos circuitos se han acentuado. Las formulas de ajuste recesivo que se aplicaron han obligado a restringir drásticamente las importaciones, y al hacerlo muy pocos países siguieron manteniendo la distinción a favor de las importaciones, de origen regional. Tengo presentes algunos casos en que los responsables de la política exterior tuvieron que hacer esfuerzos ímprobos para que las autoridades económicas mantuvieran, la excepción latinoamericana en la aplicación de medidas restrictivas a las importaciones y a sus pagos. A su vez, los países se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para exportar, inclusive fuera de aquella "disciplina multilateral" a que hiciera referencia el informe SELA-CEPAL, y que se supone que el tratado de Montevideo de 1980 establece para sus signatarios. La expresión "todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar", sintetiza una situación que es la que se ha querido revertir con la Conferencia Económica Latinoamericana.

Mi experiencia reciente me indica que no hay una explicación para este comportamiento aparente de los operadores gubernamentales de las economías nacionales. Todos ellos están apremiados por problemas inmediatos que de no ser atendidos-ya sea solucionándolos o postergando sus efectos- pueden; producir consecuencias políticas negativas visibles para los respectivos operadores e incluso para sus gobiernos. Esos problemas son vencimientos internacionales imposibles de atender con los recursos disponibles; tasas de inflación que se descontrolan, empresas que quiebran por problemas de iliquidez o a raíz del costo del dinero, desempleo creciente, etcétera. Citando una expresión popular y muy gráfica, podemos decir que un alto porcentaje del tiempo y las energías físicas e intelectuales de los responsables de las políticas económicas nacionales está destinado a "apagar incendios". La crisis ha acentuado nuestra propensión a concentrarnos en atender problemas del corto plazo con medidas de emergencia y do corto plazo. Nuestros operadores económicos gubernamentales se están transformando en administradores de crisis. Y en la administración de las crisis la variable latinoamericana tiene poco espacio en buena medida por la marginalidad actual del mercado latinoamericano, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en los últimos decenios para generar una interdependencia económica regional.

Donde sí se reconoce el espacio de la variable latinoamericana, es en la solución de la crisis. Cuando se sale del marco de la emergencia, y se buscan las respuestas de fondo, las que requieren tiempo, allí se torna evidente para el raciocinio más elemental, la importancia estratégica que tiene aprovechar el potencial que significan los mercados y los recursos de la región. En el desfase que existe entre el corto tiempo que requiere el administrador de la crisis para adoptar sus decisiones, y el largo tiempo que insume la maduración de las medidas para una "respuesta latinoamericana", es donde se encuentra una explicación más profunda a esa desconexión y aun a la contradicción que existe entre los distintos circuitos a que hemos hecho, referencia.

Sólo al acortar el tiempo de maduración y, por ende, de eficacia de las medidas que se plantean en el circuito multilateral interamericano o intralatinoamericano es posible pensar que ellas comenzarán a ser efectivas. Tomemos el caso del comercio compensado sobre bases multilaterales, o el de una actitud preferencial real en las compras estatales o en los servicios. Conceptualmente es difícil negar que la efectivización de este tipo de medidas produciría efectos positivos en el comercio intralatinoamericano de bienes y servicios. Pero el tiempo que demandaría ponerlas en práctica es muy superior al que requieren los administradores de crisis en su apremio. Y el tiempo que consume la administración de la crisis hace que no queden disponibles energías físicas ni intelectuales para estudiar y decidir su aplicación en un nivel político adecuado.

Después de Quito queda poco espacio para nuevas definiciones conceptuales o nuevos planteamientos generales. En plena guerra del Atlántico Sur, cuando la fuerza de los hechos nos preemitía ver en Argentina el extraordinario valor práctico de la alianza latinoamericana para algunos de nosotros no fue un''descubrimiento, fue simplemente la confirmación de una vieja convicción- un amigo venezolano me decía con razón, al referirse a las dificultades que teníamos para concertar una evidente necesidad con la posibilidad de reorientar el comercio entre Argentina y Venezuela, que en Amé rica Latina se había agotado la etapa de los "arquitectos", de los diseñadores de la cooperación regional, y había llegado la hora de los "albañiles", los "carpinteros", los "electricistas", es decir, los operarios. Y que los operarios escaseaban, en tanto que sobraban los diseñadores. Creo que aquí reside la clave para acortar la distancia entre teoría y realidad, entre discursos y efectividades, en las relaciones económicas latinoamericanas.

Los "operarios" existen. El problema consiste en estimularlos a operar en el mercado regional. Como lo he planteado antes, pienso que si los gobiernos de las principales economías de la región adoptaran medidas concretas y nítidas para estimular sus importaciones de origen regional, ello produciría un efecto mucho más contundente en la dinamización del comercio intrarregional que las medidas que adoptaron o adoptan para estimular sus exportaciones a la región. Y esto es así porqué en el cuadro económico latinoamericano actual, la pérdida de dinamismo de! comercio, intrarregional se produce cuándo los países mayores no pueden expandir sus exportaciones hacia los demás, por no comprar, por haber reducido sus importaciones. La fórmula es simple: "si quieres vender tienes que comprar". En la medida en que los países mayores canalicen su esfuerzo en reorientar compras a terceros países hacía países de la zona, y en la medida en que los organismos regionales -de cooperación pongan su capacidad técnica y sus recursos intelectuales a servicio del desarrollo de este esfuerzo, será posible cambiar realmente y en plazos razonables la actual tendencia al deterioro del comercio, intralatinoamericano, sin que ello suponga como requisito previo el cambio del cuadro económico dominante en la región."

Por lo tanto, el Plan de Acción de Quito requiere, para ser aplicado, un gran esfuerzo de cooperación técnica de los organismos regionales y los gobiernos, a fin de que, en los planos unilateral y bilateral se puedan poner en práctica medidas orientadas por el marco de referencia de lo acordado en el circuito multilateral. Medidas de tipo general como el margen de preferencia regional pueden ser efectivas, pero ya conocemos las dificultades que presenta su aplicación. Más efectivo puede ser dejar librada a cada gobierno la determinación del conjunto de medidas y prácticas que pueden concretar una actitud preferencial en las compras hacia. América Latina, y luego de que se pongan en vigencia, y se apliquen, conciliar en el marco multilateral las eventuales disparidades que se produzcan en la intensidad del "compre latinoamericano", entre países pertenecientes a una misma categoría de desarrollo. La fórmula consistiría en elaborar un plan regional de integración sobre la base de los respectivos planes nacionales para la integración y el fomento de la cooperación y el comercio intralatinoamericanos, y no al revés, como se ha hecho siempre.

En los próximos meses, en distintos foros y organismos regionales se pondrá a prueba la voluntad real -o la posibilidad real, más allá de la voluntad que debemos suponer que es real-, de poner en práctica, el Plan de Quito. En el circuito multilateral interamericano, los trabajos de la Comisión Especial de Financiamiento y Comercio del CÍES, que deben concluir el 31 de marzo y que serán sometidos a la reunión anual del CÍES, esta vez en Santiago de Chile, darán la pauta del grado de cohesión que han logrado los países latinoamericanos frente al interlocutor industrializado más importante del hemisferio y a su vez principal acreedor, y también revelarán hasta qué punto los mensajes de Caracas y Quito han sido captados; en toda su profundidad política, en Washington. En el circuito multilateral latinoamericano, el Consejo de Ministros de la ALADI, previsto para el mes de marzo y el Consejo Latinoamericano del SELA, un poco después, darán la pauta de las posibilidades reales que hay para detener y revertir la tendencia al deterioro del comercio regional y al estancamiento de la cooperación multilateral. Quizás lo que se pueda avanzar en concreto para facilitar el comercio compensado en un nivel superior al actual y en lo posible con carácter multilateral, y para desarrollar una auténtica actitud preferencial en las importaciones regionales, en las compras estatales y en el suministro de los servicios, permitirá medir el cambio que se ha operado iras, la reunión de Quito. También en el circuito multilateral, un análisis de la Conferencia de Quito demostrará el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción en materia de cooperación energética a través de la OLADE, y de seguridad alimentaria a través del Comité de Seguridad Alimentaria establecido eh 1983, en Buenos Aires, dentro del marco del SELA.

Los términos de referencia para la acción de los organismos regionales, en particular el SELA y la ALADI, cada uno dentro del marco de sus competencias formales, que en Quito no han sido alteradas -ni podrían haberlo sido-, surgen de lo acordado en la Conferencia. La hoja de ruta es clara tanto para los secretariados cuanto para los gobiernos. La voluntad política ha sido nítida y el nivel el más alto. La sabia recomendación de Ortega y Gasset "¡argentinos, a las cosas!", se puede aplicar ahora a nosotros, los latinoamericanos: ¡después de Quito, a las cosas!

[1] Véase el texto completo de la Declaración y del Plan de Acción, en Información Latinoamericana Nro. 87, enero- febrero de 1984, Sección Documentación y estadísticas, pág 70 y ss.


Félix Peña es Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC; Director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro del Brains Trust del Evian Group. Ampliar trayectoria.

http://www.felixpena.com.ar | info@felixpena.com.ar


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