Tras la reciente Cumbre de Montevideo, la agenda del Mercosur en este primer semestre del año -en el que la Argentina ejercerá la presidencia pro témpore- plantea prioridades al menos en tres planos.

El primero se refiere al cumplimiento de varios mandatos que surgen de la reunión del Consejo en diciembre pasado. Algunos tienen larga historia. Sobresalen los referidos al Código Aduanero -esencial para una efectiva unión aduanera-; a la integración productiva -de claro impacto en la vinculación entre el instrumento de la unión aduanera y el desarrollo económico conjunto de los países miembros-; al tratamiento de las asimetrías -de fuerte interés para los dos socios que se perciben como los menos beneficiados por el Mercosur-, y a la reforma institucional -fundamental para superar problemas de eficiencia en la gestión de la integración-.

Si se lograra esta vez no tener que prorrogar nuevamente los plazos previstos para cumplir con estas tareas pendientes, el semestre argentino ya sería un éxito. Cabe tener presente que la costumbre de prorrogar plazos y la precariedad de las reglas de juego son factores que contribuyen a los problemas de imagen, credibilidad y eficacia de cualquier proceso de integración multinacional.

El segundo se refiere a la participación del Mercosur en la Cumbre eurolatinoamericana de Lima en mayo próximo. Es una oportunidad para clarificar el futuro de las relaciones con la Unión Europea y, en lo posible, encarrilar las estancadas negociaciones birregionales, eventualmente replanteándolas.

Y el tercero se relaciona con la incorporación plena de Venezuela. Sigue pendiente la aprobación parlamentaria en Brasil y Paraguay. Y tampoco se ha concluido la negociación para la adaptación de Venezuela a los compromisos de la unión aduanera.

En los tres planos nuestro país tiene margen para tomar iniciativas que signifiquen traducir en hechos la voluntad política de avanzar.

La activa participación de instituciones empresarias, sindicales y de la sociedad civil en la preparación de tales iniciativas, permitiría claras ganancias en términos de su necesaria legitimidad social.

El hecho de que se haya designado como secretario técnico a un competente economista uruguayo y que se haya prorrogado el mandato del Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, puede contribuir a la articulación de los consensos que se requieren en estos tres planos prioritarios.