Reglas de juego que no se cumplen afectan el valor económico e
incluso político del Mercosur. Puede ser la resultante de deficiencias
en los procesos de producción normativa. O de la acumulación
de normas que son poco claras y que, incluso, han sido superadas por nuevas
realidades. Pero también puede ser consecuencia del no funcionamiento
adecuado de los mecanismos establecidos para dirimir controversias entre
los socios.
En todo caso debilitan el efecto "seguro contra el proteccionismo",
que el economista Fred Bergsten, con razón, considera como uno
de los aportes más valiosos de los acuerdos que en materia de integración
económica, celebran países con distintos grados de desarrollo
o con distintos tamaños de sus mercados.
Cuando un país con un mercado de menor dimensión relativa
al de alguno de sus socios -tal el caso de la Argentina con respecto al
Brasil- contribuye a la pérdida de valor de las instituciones comunes
y de sus normas, está introduciendo factores de desnivelación
del campo de juego que pueden producir, como efecto, el desvío
de inversiones hacia la economía mayor.
Por ello Canadá atribuyó tanta importancia al mecanismo
de solución de controversias cuando negoció con los Estados
Unidos, en 1987, el acuerdo de libre comercio bilateral que precedió
al Nafta. Sabía que sin reglas custodiadas por expertos, las inversiones
en sectores sensibles, como el automotriz, tenderían a localizarse
en el país con el mercado de mayor dimensión relativa.
Interés nacional
Por ello debe seguirse con atención el desarrollo del mecanismo
de solución de controversias establecido por el Protocolo de Olivos.
El no cumplimiento de sus laudos o su eventual debilitamiento resultante
de un desacuerdo sobre el procedimiento para designar al secretario del
Tribunal Permanente de Revisión, no parecería ser del interés
nacional argentino. Por el contrario, puede estar dejando librado el proceso
de integración a criterios básicamente políticos
que, en definitiva, concluirán beneficiando al socio mayor.
A la Argentina le conviene lograr un fortalecimiento institucional del
Mercosur, resultante de reglas que penetren en la realidad y que acentúen
el efecto de disciplina colectiva entre los socios. Es una cuestión
de valor económico, pues tiene que ver con la atracción
de inversiones productivas. Lo es también de valor político,
pues contribuye a generar equilibrios en las relaciones de poder entre
los socios.
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