La pérdida de credibilidad es un problema que afecta a acuerdos comerciales preferenciales en los que participa la Argentina en América latina. Siguen vigentes y son aplicados a una parte significativa del comercio con los países socios. Pero no se han arraigado como fuentes de reglas previsibles que induzcan inversiones productivas en función de los mercados ampliados. Sus efectos en el desarrollo económico son entonces limitados.

Dos factores contribuyen a ello. Uno es la práctica de la "diplomacia de las apariencias". Esto es, la celebración frecuente de reuniones -incluso presidenciales- de las que salen declaraciones y compromisos que luego no penetran en la realidad. Es una especie de diplomacia de "efectos especiales" o "mediática", en la que parece predominar la necesidad de producir noticias para los titulares del día siguiente. Muchas veces están contenidos en largos textos que no sólo tienen poca difusión y son difíciles de obtener en las páginas web oficiales, sino que suelen quedar rápidamente en el olvido.

El otro es el predominio del modelo de precariedad de las reglas de juego. Esto es, el hecho que las reglas puedan ser cambiadas o dejadas de lado con facilidad, en especial cuando las frecuentes emergencias económicas así lo justificarían. Tal modelo beneficia especialmente la localización de inversiones en el mercado de mayor dimensión relativa, en nuestro caso Brasil. Es que frente a la precariedad, el inversor -especialmente el industrial multinacional- se asegura, al menos, el acceso a los consumidores del país en el que se localiza. Una de las fuentes de dicha práctica es, en el caso argentino, la figura de la "protocolización" en la Aladi de acuerdos internacionales que se celebran en su ámbito o de sus modificaciones.

Es una práctica que afecta la transparencia de las reglas y es de dudosa constitucionalidad, tras la modificación constitucional de 1994 que establece que los tratados -cualquiera que fuere su denominación- deben ser aprobados por el Congreso.

Caben estas reflexiones a la hora de apreciar deficiencias que, especialmente, compromisos asumidos en el Mercosur tienen en la perspectiva de quienes efectúan inversiones productivas en el país. Deben ser tenidas en cuenta, en particular, a la hora de definir el alcance jurídico del acuerdo que formalice lo que se negocie en el sector automotor.