Cada vez resulta más notorio que una de las innovaciones profundas que introduce la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las relaciones comerciales internacionales es la de su mecanismo de solución de controversias.

Como en muchos otros planos -por ejemplo, el fin de la "cláusula de paz" y próximamente del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)- los plenos efectos de una negociación comercial internacional como fuera la Rueda Uruguay sólo aparecen en toda su dimensión varios años después.

En un libro reciente, Pablo Zapatero ("Derecho del Comercio Global", Madrid 2003) señala que más que un "tema de moda", el sistema de solución de controversias de la OMC "constituye un fenómeno jurídico que, a caballo del proceso de internacionalización de la economía, tendrá cada vez más implicaciones para nuestras sociedades". Recuerda lo que otros autores han resaltado: ahora la OMC "tiene dientes".

Dos casos recientes ilustran la relevancia de la cuestión. Por un lado, el Estado de Florida modificó una medida impositiva que afectaba los cítricos importados ("Equalizing Excise Tax"), como consecuencia del planteo de una controversia por parte de Brasil a los Estados Unidos, en la OMC. Ahora ambos países notificarán que se ha alcanzado una solución mutuamente satisfactoria. Por otro lado, está la controversia por los subsidios a la producción del algodón en los Estados Unidos, que habría concluido favorablemente a la demanda planteada por el Brasil -también participó la Argentina-. Estados Unidos apelará y sólo cuando se pronuncie el órgano permanente de apelación se conocerá el resultado final de la controversia. En ambos casos, el mecanismo ha sido de utilidad para un país en desarrollo. Permite orientar, con reglas tuteladas por expertos imparciales, relaciones asimétricas de poder económico.

Más de 300 controversias se han planteado desde que se creó la OMC. En toda la etapa del GATT -de 1947 a 1994- se habían resuelto sólo 200 casos. La tendencia al respecto es clara. El problema es que ganar un caso requiere de buenos argumentos y experiencia en la utilización de un sistema que es sofisticado. Eso es caro. En el caso del algodón, el gobierno de Brasil contó con un fuerte apoyo del sector privado interesado.

Existe hoy un organismo especializado en brindar asesoramiento legal a los países en desarrollo que necesitan recurrir al sistema de solución de controversias de la OMC (www.acwl.ch). El desarrollar un servicio similar -por ejemplo, en el ámbito de la Aladi- permitiría aprovechar mejor la experiencia que existe en la materia en varios países latinoamericanos. Nuestra Cancillería cuenta con un pequeño equipo especializado de excelente calidad. Es un capital intelectual valioso que requiere constante fortalecimiento y estímulo.