La situación ideal para lograr la calidad institucional del Mercosur implica reglas claras custodiadas por instancias jurisdiccionales, y hay dos buenas noticias que la harán posible:

• La entrada en vigor del Protocolo de Olivos, por la que se capitaliza la experiencia adquirida con el Protocolo de Brasilia. Esta iniciativa presenta mejoras como la instauración del Tribunal Permanente de Revisión, que tiene como precedente el Organo Permanente de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
  
  
• La decisión de los presidentes de la Argentina y Brasil de impulsar en la próxima cumbre del Mercosur la aprobación de un instrumento que permita incorporar con rapidez en el derecho interno normas que no requieran pasar por los Congresos. También acordaron acelerar la incorporación del stock de normas pendientes.

Esto aproxima al Mercosur al estado ideal de un sistema orientado por reglas que, en última instancia, puedan ser apreciadas en controversias concretas por un órgano jurisdiccional arbitral permanente. Es decir, reglas que penetren en la realidad -muchas han quedado en los papeles- y cuyo cumplimiento pueda ser custodiado por expertos con una razonable duración en sus mandatos.

Las reglas claras y el control jurisdiccional contribuyen a un sistema previsible al que aspiran, legítimamente, quienes toman decisiones de invertir y generar empleo en función de los mercados ampliados prometidos. Importa en el Mercosur, por las asimetrías de dimensión entre los socios.

La eficacia de un sistema de solución de controversias requiere prudencia y moderación en su uso. Debe ser excepcional y utilizado una vez agotadas las instancias de consulta y negociaciones entre los socios. Un riesgo puede ser recargar tanto el sistema que al final colapse, arrastrando a la propia institución en la que funciona.

Es un riesgo para la OMC, si el fin de la "cláusula de paz" del Acuerdo sobre Agricultura, diera lugar a una corrida de reclamaciones. No será fácil, pues la normativa combinada del GATT 1994 y de los Acuerdos sobre Subvenciones y sobre Agricultura torna difícil -no imposible- lograr éxito en los eventuales reclamos. Otro ejemplo de un sistema que puede colapsar por ausencia de "debida moderación" es el del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por el crecimiento de los reclamos contra la Argentina.

Incluso, aquí, la acumulación de demandas contraviene el sentido de su convenio constitutivo, en cuyo preámbulo la excepcionalidad es un rasgo manifiesto. En estos casos, el abuso del recurso jurisdiccional deja de ser una cuestión jurídica. Se transforma en una cuestión política, en cuál es la protección de la eficacia del propio sistema. Y es entonces en este plano político en el que ella debe ser abordada.