En dos de los principales frentes negociadores comerciales externos de nuestro país, se enfrentan momentos de significativas definiciones. No dejarán de tener un impacto en las condiciones externas en que el futuro se desarrollará el comercio exterior del país. De allí que la evolución que en ellos se produzca deba ser seguida con atención por el sector empresario del país.

Ellos son, el frente de las negociaciones de la denominada Rueda Doha en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el del Mercosur.

En cuanto a la Rueda Dohia, ella ha llegado a una etapa de definiciones. Tres momentos jalonarán en las próximas semanas el proceso que incidirá sobre sus resultados y que definirá cuál de los distintos escenarios futuros, entre aquellos que al respecto pueden percibirse en este momento, será el que finalmente predomine.

El primer momento, es el encuentro ministerial de la OMC previsto para la última semana de junio en Ginebra. Luego del levantamiento de la reunión de Ministros que debería haberse realizado a fines de abril (ver este Newsletter de mayo último), se espera la presencia de al menos unos 40 ministros a cargo de las cuestiones de comercio de los países miembros de la OMC.

¿Cuáles son las definiciones que habría que adoptar a fines de junio en Ginebra si es que se quiere concluir a tiempo la actual Rueda Doha? (ver al respecto la presentación el 15 de mayo último al Consejo General de la OMC, de Pascal Lamy en su condición de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, en www.wto.org) . Ellas se refieren a las modalidades de las negociaciones en materia de acceso a los mercados, tanto para productos agrícolas como para los no-agrícolas (NAMA), y de subsidios agrícolas, tanto los domésticos como los de exportación. Esto es, la definición de fórmulas, porcentajes y plazos para la apertura de los respectivos mercados, y para la reducción y, eventualmente, eliminación de los subsidios a la agricultura. Otra cuestión sobre la que habrá que adoptar definiciones, es la de las respectivas listas de productos sensibles que puedan excluirse de los respectivos compromisos de apertura de mercados - tanto agrícolas como industriales -. Como en toda negociación comercial, dos criterios predominarán a la hora de determinar por los distintos protagonistas - en particular los principales en relación a cada cuestión - la conveniencia de llegar a un acuerdo: el de la relevancia de las respectivas concesiones y el de su equivalencia o su comparabilidad.

El segundo momento será, sin duda, la próxima reunión Cumbre del Grupo de los 8 países más industrializados, a realizarse en San Petersburgo los días 15 a 17 de julio (http://en.g8russia.ru/). Esta reunión cobrará una importancia particular en el caso que en Ginebra no se hubiera podido lograr un acuerdo sobre modalidades. En ella participarán, especialmente invitados los jefes de Estado de África del Sur, Brasil, China, India y México. Será por lo tanto casi la última oportunidad - teniendo en cuenta, como se ha señalado en otras oportunidades en este Newsletter, el vencimiento en junio del 2007 de la autorización dada por el Congreso al Presidente de los Estados Unidos para celebrar acuerdos comerciales internacionales - de desatar los nudos que hubieran quedado pendientes de la reunión de Ginebra o de acordar iniciativas políticas que permitan evitar un fracaso de la Rueda Doha.

Finalmente, el tercer momento sería a fines de julio - es decir, antes de la interrupción que produce el verano del Hemisferio Norte - en el cuál deberían resolverse las otras cuestiones pendientes de la Rueda Doha y que a la luz de las consideradas como formando el núcleo duro, son denominadas como periféricas (entre otras, apertura en materia de servicios; el tratamiento especial y diferenciado para países de menor desarrollo; transparencia para los acuerdos comerciales regionales; disciplinas en materia, por ejemplo, de prácticas desleales de comercio).

Tres factores contextuales están influenciando sobre la Rueda Doha en esta etapa crucial de su desarrollo. Uno está relacionado con las expectativas sobre la evolución de la economía mundial, en particular sobre lo que pueda ocurrir con la economía americana (balanza de pagos, tasas de interés), con la energía (precio del petróleo) y con el comportamiento de los precios de productos básicos de especial importancia para países en desarrollo, incluyendo los latinoamericanos.


El otro se refiere a los calendarios electorales de algunos de los protagonistas centrales de la cuestión agrícola (parlamentarias en los EEUU, presidenciales en Brasil y presidenciales en Francia). Y el tercero, a la evolución de la agenda de seguridad internacional, en particular con la cuestión nuclear de Irán.

Ellos condicionarán los tres escenarios que se pueden imaginar con respecto al desenlace de las actuales negociaciones comerciales multilaterales de la OMC. Ellos son:

el de un cumplimiento de los objetivos ambiciosos fijados en Doha, sobre todo en materia del comercio agrícola - escenario muy improbable -;

el de una especie de consolidación de los pocos progresos hasta ahora alcanzados en las negociaciones y que puedan ser compatibles con la percepción de costos políticos inmediatos - escenario aún probable - ,

el de un fracaso que implique, en el mejor de los casos, una postergación del final de la Rueda Doha para los años 2009 o 2010 y, en el entretanto, un incremento de la tendencia actual a los acuerdos preferenciales discriminatorios - escenario también probable -.
En cuanto al Mercosur, varios son los aspectos que requerirán definiciones tanto de los gobiernos como, en su caso, de los respectivos Parlamentos.

Dos de ellas están vinculadas a cuestiones significativas para los intereses de los socios.

La primera es la de la aprobación del nuevo régimen automotriz. En marzo de 2006 fue firmado el trigésimo tercer protocolo adicional al ACE 14 en el ámbito de la ALADI (firmado el 3 de marzo y en vigencia a partir del 10 del mismo mes, ver www.aladi.org), que prevé la prórroga transitoria hasta fin de junio de este año, del régimen vigente para la Argentina y el Brasil.

En estas semanas se han desarrollado negociaciones orientadas a establecer un nuevo régimen. Por el momento ellas son bilaterales entre la Argentina y el Brasil, e involucran entre otras cuestiones que se han reflejado en notas de prensa, la del plazo para la entrada en vigencia del libre comercio.

Al momento de cerrarse esta nota, aún no se había logrado un acuerdo sobre ese punto, ni tampoco sobre otros relacionados con la operatoria del régimen en cuanto a la proporción de productos importados y exportados - el denominado "flex", que actualmente está en 2.6 - (ver al respecto la nota de Sergio Leo y Paulo Braga, "Acordo Automotivo pode ser adiado de novo", en Valor Econômico, del 8 de junio 2006). Además está pendiente aún la negociación y conclusión de un protocolo que incluya también al Paraguay y al Uruguay.

La segunda cuestión es la de la entrada en vigencia del Fondo de Convergencia Estructural (ver www.mercosur.org.uy), instrumento que fuera aprobado para facilitar, en particular, el financiamiento de proyectos de interés para las economías del Paraguay y del Uruguay.

Cabe tener presente que en los últimos tiempos se ha hecho más evidente la insatisfacción de estos dos países con los magros resultados que, según entienden, les ha producido hasta el presente el Mercosur. Es una insatisfacción que se vincula, asimismo, con una manifiesta tendencia a reclamar libertad de acción a fin de concluir acuerdos de libre comercio con terceros países, especialmente con los Estados Unidos.

Existe una tercera cuestión relevante que se vincula con la ampliación del Mercosur, concretamente con la incorporación de Venezuela. Las negociaciones para completar la adhesión de ese país al Tratado de Asunción, previstas en el acuerdo-marco firmado en ocasión de la última Cumbre realizada en Montevideo en diciembre pasado (ver www.mercosur.org.uy), concluyeron varios meses antes de lo originalmente previsto.

En efecto, este 23 de mayo en una reunión celebrada en Buenos Aires, los cinco gobiernos concluyeron las negociaciones e inicialaron un Protocolo que está previsto firmar en ocasión de la próxima Cumbre del Mercosur, a realizarse en Córdoba el 20 y 21 de julio próximo.

Una vez firmado el referido Protocolo deberá ser ratificado por los respectivos Poderes Legislativos. Esto es así, por el contenido de los compromisos asumidos y, en particular, por el hecho que el texto acordado introduce, para el caso de Venezuela, modificaciones al Tratado de Asunción que afectan en particular su artículo 2º.

El Protocolo entrará en vigencia a los treinta días de depositado el quinto instrumento de ratificación (artículo 12 del proyecto de Protocolo).

Los elementos principales del proyecto de Protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur (ver su texto completo en www.mre.gov.br), son los siguientes:

El mecanismo de solución de controversias establecido en el Protocolo de Olivos se aplicará a Venezuela en las controversias relacionadas con las normas de MERCOSUR anteriores a la vigencia del Protocolo de adhesión, a medida que Venezuela adopte progresivamente dichas normas (artículo 2º del proyecto de Protocolo).

Venezuela adoptará el acervo normativo vigente del Mercosur, en forma gradual, a más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Protocolo de adhesión. A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el artículo 11 del Protocolo, establecerá el cronograma de adopción de dicha normativa.

Las normas MERCOSUR que a la fecha de entrada en vigencia del proyecto de Protocolo estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la incorporación al ordenamiento jurídico interno de los actuales países miembros del Mercosur y luego serán sometidas a la adhesión de Venezuela (artículo 3º del proyecto de Protocolo).

A más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del proyecto de Protocolo, Venezuela adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). A estos efectos, el antes mencionado Grupo de Trabajo establecerá el cronograma de adopción del AEC, contemplando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo con las normas pertinentes del Mercosur (artículo 4º del Proyecto de Protocolo).

Los cinco países se comprometen a alcanzar el libre comercio en los siguientes plazos máximos:

Argentina a Venezuela: 1 de enero de 2010*
Brasil a Venezuela: 1 de enero de 2010 *
Paraguay a Venezuela: 1 de enero de 2013 *
Uruguay a Venezuela: 1 de enero de 2013 *
Venezuela a Argentina: 1 de enero de 2012 *
Venezuela a Brasil: 1 de enero de 2012 *
Venezuela a Paraguay: 1 de enero de 2012 **
Venezuela a Uruguay: 1 de enero de 2012 **

* excepto para productos sensibles en los que el plazo podrá extenderse hasta el 1 de enero de 2014.
** excepto para los principales productos de su oferta exportable, incluidos en el anexo XX del proyecto de Protocolo que gozarán de desgravación total e inmediata y acceso efectivo.

A estos efectos, el antes mencionado Grupo de Trabajo, establecerá un programa de liberalización comercial con sus respectivos cronogramas.

El programa de liberalización comercial se aplicará sobre el total de los aranceles y medidas de efecto equivalente excepto en lo contemplado en la normativa Mercosur vigente.

Durante el período de transición del programa de liberalización comercial y hasta tanto Venezuela adopte el Régimen de Origen del MERCOSUR, se aplicará el Régimen de Origen previsto en el ACE 59.

A más tardar el 1 de enero de 2014, quedarán sin efecto las normas y disciplinas previstas en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 para la relación entre los cinco países (ver su texto en www.aladi.org).

El antes mencionado Grupo de Trabajo, definirá las condiciones y los cursos de acción a ser negociados con los terceros países o grupos de países involucrados para la adhesión, por parte de Venezuela, a los instrumentos internacionales y Acuerdos celebrados con los mismos en el marco del Tratado de Asunción.

Los cinco países acuerdan que a partir de la suscripción del proyecto de Protocolo, y hasta la fecha de su entrada en vigor, Venezuela integrará la Delegación del Mercosur en las negociaciones con terceros.
A los fines de profundizar el Mercosur, los cinco países reafirman su compromiso de trabajar mancomunadamente para identificar y aplicar medidas destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones de vida digna para sus pueblos.

A partir de la fecha de la entrada en vigencia del proyecto de Protocolo, la Venezuela adquirirá la condición de Estado Parte y participará con todos los derechos y obligaciones en el Mercosur, de conformidad con el artículo 2º del Tratado de Asunción y los términos del proyecto de Protocolo.

A los efectos de desarrollar las tareas previstas en el proyecto de Protocolo, se crea un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de los cinco países. El Grupo de Trabajo deberá realizar su primera reunión dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de suscripción del Protocolo, y concluir dichas tareas a más tardar en un plazo de ciento ochenta (180) a partir de la citada reunión.

Lo acordado en Buenos Aires, y que será formalmente firmado por los cinco países en ocasión de la próxima Cumbre de Córdoba, significa que la incorporación formal de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, sólo se producirá cuando los cinco Congresos hayan aprobado el referido Protocolo.

Resulta difícil prever cuánto tiempo requerirá tal proceso en cada uno de los actuales miembros del Mercosur y, por cierto, en la propia Venezuela.

Sin embargo, dos compromisos comenzarán a regir una vez firmado el Protocolo.

El primero, es el que se refiere al hecho que Venezuela integrará las delegaciones del Mercosur en sus negociaciones comerciales externas. Debe entenderse que ello será aplicado también al caso de las negociaciones con la Unión Europea y, asimismo, en futuras negociaciones con los Estados Unidos, sea en el ámbito del ALCA o en un eventual negociación en el formado "4+1". No se precisa en qué condiciones participará Venezuela, es decir, si será sólo como observador con voz o si también podría ser un país signatario, por ejemplo, de un eventual acuerdo de asociación bi-regional con la Unión Europea. Es ésta una cuestión de fuerte valor práctico e, incluso, político. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, sería cuestionable que tal participación permita computar una opinión negativa de Venezuela, en el momento de constatar que existe consenso entre los actuales socios del Mercosur.

El segundo, es el que se refiere a la entrada en funcionamiento del Grupo de Trabajo previsto por el proyecto de Protocolo. Es en éste ámbito donde deberá terminar de negociarse la letra fina del proceso de integración de Venezuela al Mercosur, en particular, en lo que se refiere a los compromisos comerciales y entre ellos, al cronograma de aplicación del Arancel Externo Común. Debe suponerse que sus decisiones serán adoptadas por consenso de los cinco países que lo integrarán.

La cuestión del ingreso de Venezuela al Mercosur tiene una clara dimensión económica y comercial. Al respecto no se observa mayor debate sobre los efectos positivos que podría tener la ampliación del Mercosur. Pero también tiene una clara dimensión política, tanto respecto a la propia concepción del Mercosur - el Presidente de Venezuela ha formulado críticas al Mercosur tal como está concebido - como a su imagen externa. Es en este plano donde se observa un mayor debate interno en los distintos socios y también, fuertes interrogantes en los países con los cuales el actual Mercosur ha encarado negociaciones comerciales externas, que son en particular, los EEUU y la Unión Europea. Es con esta última, por estar las negociaciones en desarrollo, donde se podría manifestar con mayor rapidez cualquier eventual efecto del hecho de la incorporación de Venezuela al Mercosur.

Es precisamente en las relaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea, donde se han observado en las últimas semanas dos hechos significativos, cuya relevancia potencial derivan del protagonismo del Brasil en cada uno de ellos. En todo caso, pueden estar indicando una tendencia que es necesario seguir con atención, en especial, en una perspectiva argentina.

El primero, es la visita que el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, efectuara del 31 de mayo al 2 de junio último al Brasil. Vale la pena leer el largo comunicado resultante de tal visita bilateral, en el que se destaca la importancia que ambas partes atribuyen a sus relaciones recíprocas (ver el texto completo en la nota de prensa nº 342 del 31 de mayo en www.mre.gov.br).

El segundo hecho, es la firma de un acuerdo de diálogo y consultas también bilateral, entre el Secretario de Comercio de los EEUU y el Ministro de Desarrollo e Industria del Brasil - celebrado en el marco de la declaración conjunta (punto 12, d) resultante de la visita del Presidente Bush al Presidente Lula, al día siguiente de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en noviembre pasado (ver su texto en la nota de prensa nº 583 de la Cancillería brasileña, del 6 de noviembre 2005, en www.mre.gov.br) -. En el acuerdo interministerial se decidió establecer cuatro grupos de trabajo orientados a incrementar el comercio y las inversiones entre los dos países (ver al respecto el comunicado de prensa del Departamento de Comercio de los EEUU, sobre el encuentro bilateral realizado en Río de Janeiro el 6 de junio entre el Secretario de Comercio, Carlos M.Gutierrez y el Ministro Luiz Fernando Furlan, en www.commerce.gov).

Estos dos hechos confirman una tendencia de países socios del Mercosur - en este caso del Brasil -, a desarrollar simultáneamente una estrategia de diplomacia comercial diversificada, a la vez multi-modal y multi-espacial, en la cual se combina una participación en el Mercosur, con la profundización de canales propios orientados a acrecentar comercio e inversiones con terceros países.

Es una tendencia que probablemente tenga, en el futuro, su reflejo en una flexibilización de la arquitectura y de los instrumentos del propio Mercosur. Lo concreto por el momento es que, en sus relaciones con los EEUU y con la Unión Europea, el Brasil ha puesto de manifiesto en forma explícita su voluntad de que ellas sean muy estrechas, y no sólo en el plano económico y comercial. Es en esta perspectiva, donde parece conveniente colocar cualquier evaluación del alcance político de la incorporación plena de Venezuela al Mercosur.