En el Newsletter de julio 2003, anticipábamos la posibilidad
que los resultados de las tres principales negociaciones comerciales internacionales
en las que participa la Argentina, se desdoblaran en dos etapas. Señalábamos
que entre el escenario más optimista de un cumplimiento de los
plazos formalmente fijados -fines de 2004- y el más pesimista,
de un fracaso de las negociaciones, había que prepararse para un
escenario intermedio, de desdoblamiento de los resultados.
Al momento de escribir estas líneas, tal desdoblamiento es muy
probable, al menos, en el caso de las negociaciones entre el Mercosur
y la Unión Europea. El motivo principal es que si bien, por un
lado, existe una significativa voluntad política de ambas partes
para concluir las negociaciones en octubre 2004 -conforme a la hoja de
ruta establecida en noviembre pasado en la reunión de nivel ministerial
en Bruselas-, por el otro, se considera que es cada vez más difícil
que las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio,
puedan culminar a fin de este año. En tal caso, no sería
posible que se puedan lograr suficientes progresos a nivel bi-regional
en aquellas cuestiones que, ya se ha reconocido, sólo podrían
ser objeto de un acuerdo en el plano de la OMC.
En la OMC el "clima negociador" tiende a mejorar. Las reuniones
y consultas que se efectúan parecen indicar una voluntad de concluir
algún tipo de acuerdo en la cuestión más difícil,
que es la de los subsidios a las exportaciones agrícolas y los
apoyos internos a la producción agrícola.
Es probable que recién en ocasión de la próxima
reunión del Consejo General de la OMC, en julio, pueda apreciarse
si tal mejoría en el clima -esto es, en la voluntad política
de avanzar- se traducirá en que los países miembros constaten
que es posible realizar una reunión ministerial antes de fin de
año, como lo propusiera en su momento el negociador americano,
Robert Zoellick. Difícil sería que lo hicieran si es que
no hay posibilidades ciertas de lograr articular consensos en las cuestiones
más sensibles de las actuales negociaciones incluyendo, en primer
lugar, la agrícola.
Pero aún cuando ello fuera así, es muy improbable que se
pueda concluir un acuerdo en el plazo original. Tiende a afirmarse la
idea que, en tal caso, la fecha para la terminación de las negociaciones
sea estirada hasta junio 2005, que es cuando vence la actual autorización
del Congreso al Presidente de los EEUU para negociar. Como se sabe tal
plazo previsto en el Trade Promotion Authority (TPA), puede prorrogarse.
Sin embargo, tras el fracaso de Cancún, se considera difícil
que ello ocurra si es que no se observaran avances sustanciales en las
negociaciones de la OMC.
La información disponible al momento, permite anticipar que aún
en el escenario de conclusión de un acuerdo en la OMC -sea antes
de fin año o hacia mediados del año próximo-, es
difícil que se cumplan entonces todos los objetivos de la agenda
fijada en 2001 en Doha. En tal caso lo que se lograría sería
un resultado parcial que requeriría luego continuar negociando
en el marco de un TPA prorrogado hasta 2007. Es decir que tal como anticipáramos,
también en la OMC podría haber un desdoblamiento de los
resultados de las negociaciones.
Un factor sin embargo que puede tener una incidencia en la evolución
de las negociaciones, es el impacto que en la agenda de la seguridad internacional
tendrá el trágico atentado del 11 de marzo en Madrid. Al
igual que ocurriera con el atentado del 11 de septiembre en los EEUU,
que generó el clima político que finalmente condujera a
los acuerdos logrados en Doha, no hay que descartar que similar impacto
positivo pueda producirse ahora con respecto a las actuales negociaciones
en la OMC. Lo cierto es que se ha entrado en un escenario, en el que el
aumento de la volatilidad e incertidumbre internacional puede conducir,
una vez más, a generar presiones favorables a fortalecer el sistema
multilateral comercial global.
Tal clima más favorable, sin embargo, no sería suficiente
para cambiar la actual tendencia de los principales protagonistas, a poner
más el acento en defender los puntos sensibles de sus respectivas
posiciones, que en lograr resultados ambiciosos. El humor en muchos países
para inclinarse más a proteger lo sensible, que a lograr nuevas
metas de apertura. Los puntos sensibles -como claramente lo es para los
EEUU, la Unión Europea y el Japón- se encuentran en la cuestión
de los subsidios a las exportaciones agrícolas y, en particular,
los internos a la producción agrícola. Son sensibles pues
allí es donde existen los mayores costos políticos internos
que habría que afrontar, si se tuviera que atender plenamente las
demandas de los países del Grupo de Cairns, del G.20 y los del
Mercosur.
Pero también se observa una tendencia a proteger sus propios puntos
sensibles en países en desarrollo que son -por su dimensión
relativa- protagonistas claves de las negociaciones. Tal es el caso, en
el Mercosur, especialmente del Brasil, donde si bien hay interés
-y necesidad económica- de lograr avances sustanciales en las cuestiones
vinculadas con el acceso a los mercados para sus bienes agrícolas
y no agrícolas, e incluso sus servicios, se observan claras resistencias
políticas a efectuar concesiones significativas en materia de acceso
a mercados para determinados servicios y para compras gubernamentales,
y en particular, en materia de reglas que pueden limitar su margen de
maniobra para políticas públicas en el campo industrial,
de los servicios, de las inversiones y de las compras gubernamentales.
El mapa de las sensibilidades relativas se traduce en la realidad de
que unos y otros, no pueden pagar las contrapartidas suficientes como
para lograr que cada uno venza las resistencias de sus frentes políticos
internos. De ahí la tendencia a bajar el nivel de expectativas
con respecto al resultado de las negociaciones. Y de ahí también
las ventajas que pueden percibirse en la idea de desdoblar tales resultados
en, al menos, dos etapas. Es ésta, en definitiva, una opción
razonable a todo escenario que merezca el calificativo de "fracaso".
No se quiere repetir las experiencias de Seattle y de Cancún, precisamente
pues no es lo que se ajusta a la necesidad política de poner de
manifiesto una voluntad clara de fortalecer el sistema multilateral comercial
global.
Las respectivas sensibilidades tienen que ver, por cierto, con intereses
concretos. Pero sobre todo tienen que ver con el hecho que lo que finalmente
se acuerde, debe luego ser sometido a la aprobación de los respectivos
Congresos. En el caso concreto de los EEUU, es difícil que la actual
administración del Presidente Bush quiera introducir elementos
adicionales de complicación en el proceso que conduce a las elecciones
presidenciales de noviembre próximo, anticipando compromisos internacionales
que serían resistidos en distritos que son claves en la definición
de los resultados. Cabe tener presente, en tal sentido, que aún
es incierto el panorama con respecto a la aprobación por el Congreso
americano -antes de las elecciones de noviembre- de los acuerdos de libre
comercio ya concluidos con los países centroamericanos, con la
República Dominicana e, incluso, con Australia.
La cuestión de las respectivas sensibilidades políticas,
incluso más que las dificultades técnicas para desatar nudos
significativos de las negociaciones, pueden explicar también las
dilaciones que se observan en relación al ALCA. La segunda parte
de la reunión de Puebla se ha postergado hasta el 20 y 21 de abril.
Ello tiene que ver con el hecho que en las consultas que se han efectuado
-incluyendo las de la semana del 8 de marzo en Buenos Aires-, no habrían
permitido resolver las cuestiones que quedaron pendientes cuando se tuvo
que interrumpir la anterior reunión de Puebla en febrero. Pero
tampoco hay que descartar la hipótesis que en el cambio de fecha
-la reunión debía realizarse los días 18 y 19 de
marzo-, haya incidido el interés de los protagonistas claves -los
EEUU y el Mercosur- en esperar lo que pueda ocurrir el 15 de abril, con
la presentación de las nuevas ofertas negociadoras en el ámbito
de la negociación bi-regional entre la Mercosur-Unión Europea.
En efecto el 15 de abril es una fecha clave para las negociaciones entre
el Mercosur y la Unión Europea. Según el cronograma acordado
el pasado mes de noviembre en Bruselas, ese día ambas partes deben
presentar sus nuevas ofertas negociadoras.
Del lado de la Unión Europea, lo importante será su nueva
oferta en materia de acceso a mercados para los bienes y, en especial,
para los productos de origen agrícola. En particular, lo que se
observará con atención por los países del Mercosur,
será lo que ocurra con los productos incluidos en la lista E de
la oferta inicial. Allí se encuentran más de 900 posiciones
arancelarias, referidas a los productos de mayor interés para los
países del Mercosur, incluyendo carnes, lácteos, frutas,
cereales y azúcar, pero -sobre todo- los productos agrícolas
con mayor grado de elaboración industrial -unos 145 en los que
se encuentran las mayores dificultades para acceder al mercado europeo
y en relación a los cuales la Argentina presenta claras ventajas
competitivas, como por ejemplo, galletitas, golosinas, duraznos en almíbar,
fideos o harina de trigo-.
Del lado del Mercosur, lo importante serán las mejoras que se
introduzcan en la amplitud y en los plazos de sus ofertas de acceso a
los mercados de bienes, y muy en particular, las ofertas que se efectúen
en materia de servicios, inversiones y compras gubernamentales. Por la
dimensión de su mercado lo más significativo será
al respecto, la posición que finalmente asuma el Brasil. La Argentina
por su lado, ya ha abierto y consolidado en el ámbito de la OMC,
una parte significativa de su sector servicios y hoy es más limitada
la importancia relativa de sus compras gubernamentales. Y en materia de
inversiones, nuestro país ya ha celebrado un número amplio
de acuerdos bilaterales con significativas garantías para los inversores
extranjeros.
Tras la reunión del Comité Birregional de Negociaciones,
celebrada en Buenos Aires en la semana del 8 de marzo -como, asimismo,
tras los seminarios realizados en el Hotel Alvear, con el patrocinio de
la misión de la Unión Europea en la Argentina, la Universidad
Nacional de Tres de Febrero y el Centro de Estudios y Formación
Política, en los cuáles participaron representantes de los
sectores empresario y sindical del Mercosur, parlamentarios y los principales
negociadores de ambos lados e, incluso por video conferencia, los Comisarios
Pascal Lamy y Franz Fischler, responsables respectivamente del Comercio
y de la Agricultura en la Comisión Europea- ha quedado más
instalada la posibilidad de concluir las actuales negociaciones en dos
etapas.
En tal caso, la primera etapa concluiría en la fecha prevista
de octubre de este año. La segunda etapa se postergaría
hasta después de la finalización de las negociaciones en
la OMC.
Si así fuera, la primera etapa incluiría un stock preferencial
limitado en todos los planos. Cuán limitado será, dependerá
de las ofertas que se presenten el 15 de abril y sobre todo, de la reunión
que los días 8 y 9 de mayo realizará el mencionado Comité
Birregional de Negociaciones en Bruselas. El "trade-off" principal
-de ninguna manera el único- probablemente será entre los
alcances de las ofertas europeas en relación a sus productos sensibles
incluidos en la actual lista E, y los que el Mercosur pueda concretar
en materia de servicios, inversiones y compras gubernamentales. También
se podría concluir en esta primera etapa un acuerdo sectorial referido
a la industria automotriz. Pero como lo ilustrara en el antes mencionado
seminario en el Hotel Alvear, difícil sería imaginar que
el Mercosur pueda aceptar que en diez años se desgraven a cero
los productos del sector automotriz sin lograr que en el mismo plazo se
hayan desgravado también a cero los productos del sector agro-industrial.
Un aspecto fundamental en un escenario de desdoblamiento de los resultados
de estas negociaciones, será la calidad y solidez de la agenda
para continuar las negociaciones en una segunda etapa, lo que en la jerga
de los negociadores se denomina la "built-in-agenda". Ambas
partes tendrán la natural preocupación por evitar que sus
concesiones recíprocas se diluyan como consecuencia de las negociaciones
en la OMC o que concreción de las contrapartidas esperadas para
la segunda etapa se diluyan en el tiempo.
La segunda etapa debería comenzar, en tal caso, con una apreciación
del stock preferencial a la luz de los resultados que finalmente se logren
en la OMC y en la voluntad política de concretar luego, la ampliación
de los respectivos tratamientos preferenciales que deberían ser,
en tal caso, "OMC-plus".
Un aspecto central en las expectativas europeas, es que sus ventajas
se refieran a unión aduanera más perfeccionada en el ámbito
del Mercosur. Los negociadores europeos han insistido en sus demandas
por un Mercosur que cumpla sus promesas de avanzar hacia una verdadera
unión aduanera. O sea que efectivamente, los accesos a los mercados
que se logren en las negociaciones bi-regionales en materia de bienes
y de servicios, permitan a las empresas europeas invertir en el Mercosur
para operar sin restricciones a escala del mercado de los cuatro socios.
El hecho que el Mercosur no haya completado aún sus reiteradas
promesas de abrirse recíprocamente sus respectivos mercados de
servicios y compras gubernamentales, y que subsistan muchas restricciones
al comercio recíproco, es mencionado por los negociadores europeos
como un problema serio para sus empresas e inversores. En definitiva,
lo que aspiran a tener de este lado del Atlántico, es un Mercosur
de calidad y en serio.
Por el lado del Mercosur, a su vez, los resultados serán apreciados
en función de las posibilidades que el acuerdo permita generar
inversiones para desarrollar "plataformas de exportación"
en sus principales cadenas productivas -por ejemplo, las que se aspira
a incluir en el marco de los denominados foros de competitividad-, con
el acceso garantizado y preferencial al mercado europeo, en particular,
para sus bienes agrícolas industrializados.
En tal sentido, cobra valor para el Mercosur el vínculo que pueda
establecerse entre las aperturas de mercado que se logren, con una cooperación
europea suficientemente amplia orientada a fortalecer la capacidad para
competir en el espacio económico ampliado por el acuerdo bi-regional,
así como en terceros mercados, en particular de las pequeñas
y medianas empresas. La experiencia del acuerdo concluido entre la Unión
Europea y Chile, incluyendo el impacto sobre las empresas Pymes de Chile
del componente cooperación económica, científica
y tecnológica por parte de la Unión Europea, es un precedente
a examinar con atención por los negociadores y los empresarios
del Mercosur.
Desde el punto de vista político, la conclusión de un acuerdo
entre la Unión Europea y el Mercosur, presentaría ventajas
para ambas partes y ofrecería menos resistencias para su posterior
aprobación por los respectivos Parlamentos que las que, eventualmente,
podría producirse en algunos países del Mercosur en el caso
del ALCA, al menos tal como ha sido concebido hasta el presente. Para
la Unión Europea permitiría poner de manifiesto su interés
en apoyar por razones estratégicas, pero también económicas,
el proceso de integración en el Mercosur. Para el Mercosur, a su
vez, la conclusión de un acuerdo este año es percibida como
teniendo el efecto de mejorar su propia posición negociadora en
el ALCA, en particular, con los EEUU.
Sin embargo, queda en pie el interrogante sobre la posibilidad que la
dilación en las negociaciones del ALCA pudiera, a su vez, disminuir
el interés del lado europeo por concluir un acuerdo con el Mercosur
este año. La posición oficial de la Unión Europea,
reiterada recientemente por su negociador principal, Pascal Lamy en la
antes mencionada video-conferencia, es que ambas negociaciones son, en
la perspectiva europea, independientes y de naturaleza diferente. Luego
del 15 de abril podrá apreciarse con más precisión
el alcance real de tal posición.
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